CONTINUIDAD Y CAMBIO EN LA POLITICA EXTERIOR ESPAÑOLA

Javier Ruperez

El Autor

JAVIER RUPÉREZ nació en Madrid en 1941. Se licenció en Derecho en la Universidad de Madrid en 1963 y en Periodismo en la Escuela Oficial de Periodismo en 1973. En 1965 ingresó en la Escuela Diplomática. Entre sus destinos como diplomático destacan su participación en la negociación y la redacción del Acta Final de Helsinki como miembro de la Delegación Española ante la Conferencia de Seguridad y Cooperación en Europa, entre 1972 y 1975; el de Director General del Gabinete del Ministro de Asuntos Exteriores entre 1976 y 1977; y los de Embajador Jefe de la Delegación Española ante la Sesión de Madrid de la CSCE de 1980 a 1982 y Embajador de España ante la OTAN de 1982 a 1983. Su carrera política se inicia en las Juventudes Demócrata Cristianas en los tiempos universitarios. Fue Secretario General de Relaciones Internacionales de la Unión de Centro Democrático de 1977 a 1982. De 1983 a 1987 fue Vicepresidente del Partido Demócrata Popular, y de 1987 a 1989 Presidente de la democracia Cristiana en España. De 1989 a 1990 es Vicepresidente del Partido Popular, y desde entonces es miembro del Comité Ejecutivo de este partido. Ha sido diputado por Cuenca de 1979 a 1982 y senador por Castilla-La Mancha de 1983 a 1986; diputado de nuevo por Cuenca de 1986 a 1989, por Madrid en 1989 y por Ciudad Real en 1993. En las elecciones generales de Marzo de 1996 ha sido reelegido diputado por Ciudad Real. Como parlamentario, ha sido Portavoz del Partido Popular en la Comisión de Defensa y en la Comisión de Asuntos Exteriores. Es autor de varios libros de ensayo y ficción, y ha participado en diversas obras colectivas. La última de ellas lleva por título España, Europa, Iberoamérica: un futuro compartido.

Continuidad y cambio en la política exterior española

Se ha convertido en axioma el carácter permanente y relativamente mostrenco de la política exterior y de seguridad en el elenco de la política general de un país dado, frente al carácter cambiante y circunstancial de otras propuestas sectoriales en el amplio terreno de la actividad estatal. Quedaría con ello al resguardo de los vaivenes electorales y de sus correspondientes alternativas el núcleo que casi por naturaleza suele identificarse mas fácilmente con la idea que una comunidad suele hacerse de sí misma: la manera en que uno quiere ser visto y es visto desde el exterior, la mejor forma de asegurar la defensa de unos intereses que, al menos de forma ideal, trascienden los coyunturales de una propuesta ideológica o partidista para incluirse en un devenir histórico que se querría uniforme, coherente, consistente y sin sobresaltos.

De esta manera el axioma de la permanencia y de la previsibilidad de la política exterior no sólo encierra una constatación -la de que los sistemas políticos basadas en la democracia suelen alcanzar importantes grados de consenso para definir una línea nacional e indubitable de comportamiento en ese terreno- sino también un "desiderátum" casi convertido en mandato: que en la medida de lo posible ello sea asi, que los cambios gubernamentales no afecten en lo sustancial a la conducta exterior del país, que propios y extraños puedan contar con la garantía que otorga el saber que compromisos, responsabilidades, asociaciones o alianzas seguirán siendo en lo fundamental los mismos. Va en ello, todo el mundo así lo entiende, el valor de la seriedad o de la respetabilidad internacional con las que están tejidas las entrañas de los protagonistas más respetados, sea cual sea su tamaño o su fuerza, en la vida internacional.

Va en ello, conviene recordarlo, el que los representantes legítimos de la ciudadanía sepan ir definiendo, en el entramado de los tiempos y de las cambiantes necesidades, el marco de los intereses al que conviene primordial y preferentemente atender de acuerdo con el conjunto de los principios en los que una determinada sociedad ha decidido vivir e inspirar sus actos. Eso es lo que uno llamaría, si el término no se hubiera tornado en horrendo y algo dudoso, por el abusivo uso que del mismo se ha hecho, una política exterior de Estado.

Y es precisamente por esa política exterior casi sacralizada por la que de manera insistente se pregunta a los partidos que, en liza electoral, tienen buenas razones para creer y para esperar que la confianza de los ciudadanos les permitirá pronto acceder a las responsabilidades gubernamentales.

No siendo esta mía una reflexión en abstracto y siendo mis palabras las de alguien que habla en nombre del Partido Popular respondiendo a una convocatoria que tiene como razón y pretexto la de las elecciones del próximo 3 de marzo, quiero adelantarles algo que muchos ya saben, otros intuyen y bastantes desean ver de nuevo confirmado: la gestión que el Partido Popular hará de la política exterior y de seguridad de España, en el caso de que cuente con mayoría suficiente para gobernar, estará basada en un respeto básico y continuo a las líneas maestras de esa política tal como han sido seguidas por el gobierno socialista durante los últimos trece años. Y lo haremos porque con ello dotaremos de previsibilidad y solidez a nuestros comportamientos exteriores y porque, además y sobre todo, entendemos que en esas líneas maestras se encuentran adecuadamente definidos los intereses y los principios de la acción exterior de España.

Esa declaración preliminar, formal e incluso un tanto litúrgica, debe ir acompañada de algunas explicaciones adicionales. De otra manera no saldríamos del vacío círculo vicioso al que los axiomas conducen: éste, a diferencia de otros, sí necesita de algunos demostraciones.

La primera: por política exterior de Estado para España entendemos una que parte de la concepción de nuestro país como europeo, democrático y occidental, miembro de la Unión Europea y de la OTAN , e individualizado por las muy especiales relaciones que ha mantenido en el pasado y seguirá manteniendo en el futuro con los países iberoamericanos y con los países mediterráneos en la vecindad magrebí. Esas coordenadas han marcado en lo básico la conducción de la política exterior española durante los últimos trece años y seguirán marcando la columna vertebral de la misma cuando el Partido Popular, si los españoles así lo expresan, llegue al Gobierno de la nación tras las elecciones del próximo 3 de marzo.

Una segunda demostración, esta vez subrayado de la calidad del aserto: si el Partido Popular manifiesta su disposición de continuidad en la dirección de la política exterior de España no lo hace forzado por la conveniencia de no introducir sobresaltos en nuestras actitudes sino con el íntimo convencimiento que procede de haber estado en el mismo origen de la definición de esa política exterior bastante antes de que los propios socialistas la hicieran suya. Al asegurar la continuidad con las políticas seguidas lo hacemos en gran parte garantizando la continuidad con nosotros mismos, con todos aquellos que de entre nosotros,

desde la Unión de Centro Democrático o desde Alianza Popular, ya coincidimos tempranamente en reivindicar para España un sitio en el mundo descrito como antes indiqué: en la democracia, en Europa, en Occidente. No reclamo con ello ningún derecho de prelación, preferencia o pernada, ni quiero con ello poner de relieve el dolimiento de alguna prenda. Más bien al contrario: cuando los socialistas entraron por los cauces de esa política y explícitamente y no sin entusiasmo aceptaron su validez y razón, fue posible encontrar el perfil de esa política exterior de Estado que en ninguna otra latitud propia hubiera podido ser consensuada. Ello nos permite a su vez varias cosas: proclamar la continuidad; demostrar la calidad de su compromiso, si necesario fuera, con el poderoso argumento de que ni queremos ni podemos negarnos a nosotros mismos; y contar con la fuerza moral suficiente como para seguir convocando a las fuerzas políticas que dentro de poco puedan transitar desde el poder a la oposición en el seguimiento necesario de esa política exterior de Estado ya bien definida en sus contornos básicos.

Porque si hoy se nos pide y pregunta a un Partido Popular pronto en el Gobierno por la continuidad en la acción exterior del Estado, hoy también se puede y se debe pedir a un Partido Socialista previsiblemente pronto en la oposición que desde allí haga lo propio. No vaya a ser que la tan traída y llevada política exterior de Estado sea un embudo entendido a la vieja usanza; lo mío es mío y lo tuyo negociable, que decían los practicones soviéticos. Con la llegada al Gobierno del Partido Popular y la salida del Partido Socialista del mismo se cierra todo un ciclo de la vida política española. Quizá, seguramente, el mismo ciclo de la transición. Sería del todo deseable que coincidiendo con el punto final del ciclo sus protagonistas centrales, allí donde les sitúe la alternancía política, firmen sin reservas ese gran pacto por la continuidad de una política exterior de Estado para España que las circunstancias y nuestras necesidades exigen. Y cuyos elementos esenciales, repito, son harto fáciles de recordar: la democracia, la Unión Europea, la OTAN , Iberoamérica, el Mediterráneo.

Ha sido precisamente en aras de ese consenso nacional como se encuentra la razón por la que, en grados diversos de convencimiento pero nunca con fisuras significativas, el Partido Popular ha venido prestando su apoyo implícito o explícito a los hitos determinantes de la política exterior española en los últimos años: la adhesión a la Comunidad Económica Europea, la firma de los acuerdos militares de coordinación con la Alianza Atlántica, la participación española en los procesos de pacificación en Centroamerica, la presencia de contingentes militares españoles en la guerra del Golfo y en Bosnia -Herzegovina, reductó de los contingentes militares estadounidenses en territorio español, el desarrollo de la Comunidad Iberoamericana de Naciones, las recientes iniciativas de la Presidencia española de la Unión Europea sobre el Mediterráneo, los procesos iberoamericanos de integración, la Carta trasatlántica, etc. La existencia de desacuerdos o críticas de distinto calado --la más significativa de las cuales puede ser la diferencia de enfoque en las relaciones entre España y la Cuba casuista- no puede alterar esa constatación básica: en un altísimo porcentaje la política exterior española ha gozado en los últimos años de las ventajas que otorga poder contar en el Parlamento con el apoyo más o menos entusiasta pero nunca desfalleciente de la principal fuerza de la oposición. Argumento adicional, si cabe, para predecir y asegurar una continuidad básica en la política exterior y de seguridad española tal como es hoy conocida en el caso, a lo que parece harto probable, de que las elecciones del 3 de marzo otorguen al Partido Popular la mayoría suficiente para gobernar.

Claro que, llegados á este punto, surge una serie de preguntas inevitables y casi necesarias. ¿Cabe presumir entonces que la acción exterior del Partido Popular será una copía conforme hasta en sus más mínimos detalles de la que durante trece años ha venido practicando el Partido Socialista Obrero Español? ¿Estamos hablando de continuidad en los aspectos definitorios de la política exterior o simplemente de un inerte continuismo?

¿No tiene el Partido Popular nada que añadir, modificar, criticar o enmendar de esa política exterior? ¿Es esa reconducción tácita la manera en que debe entenderle el llamado consenso sobre la política de Estado?

Del mismo tenor en que están formuladas las preguntas se puede colegir el sentido de las respuestas: continuidad no es continuismo mecánico y, por supuesto, existen matices y acentos sin cuya referencia, por somera que resulte, no sería posible comprender algunos de los vectores fundamentales de comportamiento y gestión que el Partido Popular introduce en la visión global de una política exterior y de seguridad para España. Querría enumerar los que me parecen más fundamentales.

El primer lugar, y de manera natural, corresponde a nuestra presencia en el seno de la Unión Europea. Se equivoca gravemente, debo decirlo de antemano, quien presuma tibieza en nuestro compromiso con el futuro de la Europa unida, en el convencimiento con que el Partido Popular acepta las razones primeras y ultimas de todo el proceso integracionista o en la voluntad de culminar con bien los retos inmediatos: la Unión Económica y monetaria, la Política Exterior y de Seguridad Común, la ampliación hacia el Este o el pilar europeo de la defensa. Pero también se equivoca quien espere la continuación de lo que yo llamaría la "política de las pertenencias", versión distorsionada del sano multilateralismo y según la cual el mérito se consigue obteniendo la entrada en el club del que luego, y sin más interrogantes, se sigue acompasadamente los sístoles y diástoles del conjunto o de sus elementos más dinámicos. Manifestaciones precisas de ese suave mecimiento han sido, por ejemplo la indudable tendencia de situar en Bruselas a un Leviatán lejano y ajeno del que emanaban directrices de obligado y silencioso cumplimiento. Y la subsiguiente tendencia a la dejadez en la hora ardua y empinada de la defensa de los intereses concretos y cuantificables de gentes que, por estos pagos nuestros, suelen vivir de sus producciones lácteas, o vitivinícolas, u hortofrutícolas, u oleícolas, o pesqueras. La mejor manera de construir Europa no es la de convocar concursos para conocer el que mejor canta sus méritos sino la de hacer compatible -y ello es precisamente lo que quisieron los padres fundadores-- el interés común con el nacional especifico, la gran política integracionista con la pequeña de los anhelos cotidianos, la noción de que todos sus integrantes son sujetos activos de una historia común. No siempre se han tenido en cuenta esas reglas elementales y básicas, con resultados contraproducentes: instalada en la lejanía y en la insensibilidad, Europa se ha presentado a veces más como un elemento de contraposición que de ayuda. Y esta constatación, que se realiza desde una perspectiva poco o nada nacionalista necesita una doble corrección; más Europa y más España. Que es tanto como imponerse una nueva y sobría visión de uno mismo.

No cabe identificar el interés de España primordial o exclusivamente en que la Unión Europea se ocupe de los temas mediterráneos, iberoamericanos o trasatlánticos si previamente, o simultáneamente, no se ha sabido luchar con éxito para evitar el arranque indiscriminado de nuestras viñas. O, en la misma sintonía, no se ha podido conseguir la solidaridad de los socios para responder con energía y convicción a los ataques del acreditado corsario canadiense Brian Tobin. Claro que las fotos mediterráneas o iberoamericanas o trasatlánticas son más lucidas que las de los recintos anónimos en donde se había de peces, uvas y melocotones. Gran parte de nuestros retos europeos, que tanto tienen que ver con nuestras propias capacidades o incapacidades, radica sin embargo en que comprendemos la urgencia de alterar esas falsas prelaciones. Que tiempo luego habrá para los fastos. Y para las fotos.

El segundo lugar en esta enumeración crítica corresponde, también de manera natural, a nuestro carácter de miembro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN. La tortuosa peripecia que habría de llevar a los socialistas españoles desde la firma en 1978 del acuerdo con el Partido Comunista de la URSS en contra de la "ampliación de las alianzas" -es decir, en contra de la entrada de España en la OTAN -- hasta el "OTAN en el interés de España", de 1986, el año del infausto Referéndum, pasando por el "OTAN de entrada no" del comienzo de aquella década, no podría por menos que dejar sus secuelas en el sistema --en el mal sistema-- de integración española en la OTAN. Para obtener en el Referéndum el voto favorable a la OTAN de una población previamente aleccionada por los propios socialistas sobre los horrores que la Organización Atlántica encerraba, aseguraron que obtendrían de ella beneficios políticos sin contrapartidas de responsabilidad militar". Una misma dinámica de nuestra participación en Alianza, y la paralela aunque tardía adquisición de los conocimientos y madureces elementales por parte de los responsables gubernamentales del PSOE, vaciaron de contenido aquellas promesas condicionales para desembocar en la situación que hoy conocemos: España está presente en todos los tramos de lo que en la OTAN se conoce como "integración militar" con la excepción del final, allí donde se produce la integración de los mandos. En verdad, ese resultado es tan paradójico como contrario a las voluntades de los que inicialmente imaginaron el modelo. Integrados militarmente en un 95 por ciento del total -si se trata de otorgar fuerza gráfica y cuantitativa a la descripción- aportamos fuerzas, material, territorio y despliegues al tiempo que rechazamos la responsabilidad del mando. Arropados en el patriotismo de pacotilla que en $ü momento le hizo negar a Felipe González la posibilidad de que "un almirante británico mandara a un español", hemos renunciado a la contraría y más plausible: que un almirante español tuviera bajo su mando a un almirante británico.

Los cambiantes tiempos históricos vividos desde la desaparición de la Unión Soviética y del Pacto de Varsovia han forzado importantes alteraciones conceptuales y organizativas en el interior de la OTAN. Algunas de ellas han afectado y seguramente seguirán afectando a la estructura de los mandos militares integrados. Otras contienen expectativas de futuro, bien por lo que se refiere a la integración en la Alianza de algunos países que en su momento formaron parte del Pacto de Varsovia, bien por la predisposición francesa para retornar, en grado todavía desconocido, al esquema de la integración militar aliada. En cualquiera de ésas variables el defectuoso "modelo español", en su momento presentado como ejemplo de argucía y engaño, hoy sé encuentra en manifiesta desventaja: de poca autoridad moral cuenta para opinar sobre el futuro de una integración en cuyo pasado no quiso participar; no podrá resistir la comparación con las voluntades claramente integracionistas de los eventuales nuevos miembros, ya interesados en hacer saber que ellos quieren estar "a las duras y a las maduras"; y tampoco podrá, como en el pasado, alegar el "modelo francés" en su defensa cuando tal modelo, en lo que tenía de excepción a la regla, muestra ahora cierta tendencia a confundirse con esta última, España puede quedar convertida en un aliado de segunda categoría.

No quiero con ello implicar ningún deseo de apresuramiento en la solución del dilema. No hay urgencia ni necesidad presente de alterar el sistema español de integración. En tramité de realización el "estudio a largo plazo" en curso actualmente en el seno de la Alianza para definir su morfología futura, tiempo tenemos para encontrar los acomodos convenientes a nuestras necesidades y que, en su momento, ciertamente, necesitarán del consenso de las fuerzas mayoritarias en el gobierno y en la oposición. Como en el pasado. Consenso que, aprendiendo de las experiencias preterirás, debería contar con estos elementos: el carácter de centralidad que la OTAN debe ocupar en nuestra política de seguridad; la necesidad de seguir imaginando a la Alianza como una organización político-militar, dotada de una estructura defensiva eficaz y operativa; y la conveniencia de que España asuma plenamente, en la medida de sus posibilidades, los derechos y obligaciones que le corresponden en esa estructura como miembro pleno de la Alianza. Cabría añadir al respecto, para despejar las dudas que todavía pudieran existir, que la OTAN debe encarnar y potenciar los lazos de cooperación y entendimiento entre Europa y los Estados Unidos, sin aquellos antiamericanismos viscerales en los que tan gustosamente coincidieron es este país las izquierdas y las derechas. Debe ser también la OTAN quien albergue la consolidación coordinada del todavía largamente ansiado pilar europeo de la defensa.

Un tercer apunte diferenciador cabe en el terreno de nuestras relaciones con los países iberoamericanos, tanto por lo que afecta a su misma concepción como por lo que hace referencia al método o instrumentos del mantenimiento de las mismas.

Dice nuestro programa, y lo cito aquí literalmente, que "España debe hacer de su política exterior cara a Iberoamérica una decidida apuesta al servicio de la democracia, incluyendo en esa apuesta la realización de todos los esfuerzos posibles, uni-laterales, bilaterales y multilaterales, para dotar a esa democracia de los imprescindibles elementos de estabilidad social y económica". No hace falta añadir que nuestro enfoque de las relaciones con la Cuba castrista, a las que el programa del Partido Popular dedica un buen número de líneas, esta directamente inspirado de esa filosofa. Sé que esas inflexiones han sido recibidas con temor y aprensión por parte del oficialismo castrista. También con esperanza y seguridad en el contexto de todos aquellos, cubanos o no, en la isla o en el exilio, que anhelan el pronto y pacífico tránsito hacia la democracia en Cuba. Básteme decir al respecto que, siendo ese nuestro deseo, orientaremos la política exterior hacia La Habana tanto en el marco de la normalidad de las relaciones diplomáticas como en el del necesario proceso de apertura política y económica. Siempre he creído qué los autócratas no lo son menos por el hecho de hablar español. Siempre he pensado que los intereses de España nunca se encontraron del lado de Torrijos, Ortega o Castro. Claro que la misma evolución de los acontecimientos hace hoy posible que, con todos los matices que al caso hacen, la política exterior española pueda también encontrar aquí cauces más amplios de consenso que en tiempos pasados.

Terreno este de Iberoamérica en el que, también como ejemplo para otros, incluyendo el mismo europeo, conviene que la política exterior española recupere la práctica de una sana bilateralidad. Es instrumento excelente la Comunidad Iberoamericana de Naciones, a cuyo desarrollo, asentamiento, operatividad y eventual institucionalización dedicaremos los mejores esfuerzos. Pero esa tarea no puede suplir por completo la proximidad con cada una de las Repúblicas iberoamericanas en su individualidad y necesidades concretas. Es índice significativo en esa perspectiva, por ejemplo, que rarísima, si alguna, haya sido la visita bilateral de un ministro español de Asuntos Exteriores a ninguna capital iberoamericana en el curso de los últimos años. La política exterior también se construye con símbolos y gestos y ambos han sido administrados con notable tacañería por los responsables gubernamentales españoles.

Quisiera, en cuarto lugar, y en este repaso no exhaustivo de los elementos de continuidad y cambio en la política exterior española, introducir el tema de Gibraltar. Sólo en estas postrimerías gubernamentales socialistas ha merecido atención y cierta contundencia, tras la dejadez que caracterizó los primeros años de la larga década y como consecuencia de una dolorosa constatación: Gibraltar, sus responsables locales, con la venía pasiva de la metrópoli británica, ha llegado a constituir un grave cáncer para la economía y para la seguridad de los españoles. . Eso que con elegante perífrasis se denominan "tráficos ilícitos", ignorados por Londres, alentados y tolerados por el Peñón, han venido a confirmar los riesgos que para nuestros propios intereses supone la continuación de la presencia colonial británica. "Tráficos" estos que además, y no por coincidencia, se producen y florecen al tiempo que se alientan fórmulas independentistas nunca contempladas por los instrumentos legales internacionales que definen el "status" gibraltareño, trátese de Utrecht, las Resoluciones de las Naciones Unidas, los términos de la pertenencia del Reino Unido a la Unión Europea o nuestra propia Acta de Adhesión a la misma. Tendencias estas gravemente acentuadas en estos últimos días cuando la Asamblea gibraltareña ha decidido rechazar definitivamente la puesta en práctica del Acuerdo de Bruselas y hacer lo mismo con los contactos negociadores con España mientras el Gobierno de Madrid, dicen, no acepte el derecho de los gibraltareños a la autodeterminación. Es evidente que esa progresiva crispación antí-española de las autoridades locales gibraltareñas contienen importante elemento de provocación que, desde nuestro lado, debe ser respondido con calma, flexibilidad y firmeza.

Nada de lo qué los gibraltareños pudieran demandar en el respeto a sus legítimos intereses --lengua, escuela, policía, autonomía e incluso opción nacional-- se encuentra fuera de nuestras posibilidades constitucionales. Hay abundantes razones para pensar que un Gibraltar reintegrado a la soberanía española tendría cauces para la cooperación económica entre todos los habitantes del Campo hoy simplemente impensables y que, sin embargo, en el futuro habrían de facilitar grandemente la prosperidad de todos. Mientras tanto, y para conseguirlo, la política exterior española debe mostrarse más activa y contundente en la exigencia ante el Reino Unido, socio y aliado, del cumplimiento estricto del proceso descolonizador que en su momento marcó Naciones Unidas. Acción exterior que debe ser acompañada de una interior dirigida específicamente a los municipios españoles del Campo de Gibraltar y a sus habitantes, en promoción y defensa de sus intereses.

Debo, finalmente, sintetizar los nuevos énfasis de la acción exterior española en dos terrenos hasta ahora insuficientemente explorados: la promoción cultural exterior y los campos de la actividad económica, incluyendo los relativos a la cooperación y la ayuda al desarrollo. Ambos deben encontrar su reflejo y su acomodo en la acción exterior española y en el instrumento legal que la encarne: una Ley del Servicio Exterior que, en los términos del programa del Partido Popular "garantizará la unidad de la acción exterior del Estado y encomendará su aplicación y gestión al Ministerio de Asuntos Exteriores, que concentrará el nombramiento y cese del personal que ejerza cuales- quiera funciones en el exterior, así como el seguimiento de su labor". Añade en este punto el programa: "La Ley del Servicio Exterior constituirá un elemento objetivo para la selección de funcionariado que esté al servicio de la acción internacional de España, regulará la interconexión de los cuerpos de la Administración Civil del Estado que puedan prestar servicio en el exterior y garantizará igualdad en el tratamiento, razonables expectativas de promoción, previsibilidad en el desarrollo de la vida activa del funcionario, así como reconocimiento de méritos, dignidad retributiva y exigencia de calidad en la función".

Naturalmente, ello deber encontrar reflejo en la estructura orgánica del Ministerio de Asuntos Exteriores -más simplificada y operativa, menos barroca que la actual- en la dotación de sus medios presupuestarios y en el tratamiento del personal a su servicio, por tantos conceptos excelente y hoy urgentemente necesitado de una política que le devuelva su profesionalidad, el reconocimiento de la misma y la motivación para seguir trabajando con calidad al servicio de los superiores intereses de la Patría.

Acaban con ello mis palabras, recordando las que se encuentran en el frontispicio de nuestro programa de Gobierno para una política española exterior y de seguridad y que, mejor que ningunas otras, resumen mejor nuestros pensamientos e intenciones: La política exterior y de seguridad de cualquier país debe constituir, o aspirar a constituirse en uno de los elementos de mejor y más permanente identificación de la correspondiente comunidad nacional. Para ello, debe ser capaz de seleccionar adecuadamente los condicionamientos, posibilidades o intereses del país en cuestión y la manera de combinarlo con las circunstancias y sus cambiantes coyunturas. Es, por ello, una tarea que exige análisis lúcidos realizados desde la óptica del interés general; exclusión de visiones particularistas y parciales; definición precisa de los valores que la nación reconoce como propios y que, en tal concepto, reciben consenso doméstico para su mantenimiento interior y su proyección exterior; flexibilidad y, por supuesto, una adecuada dotación de medios.