POLÍTICA EXTERIOR ESPAÑOLA INTERNACIONAL

UNA POLÍTICA EXTERIOR DE PAZ Y SOLIDARIDAD
CARLOS CARNERO GONZÁLEZ

ENSAYO Nº 11

Secretario de Relaciones Internacionales
y Política Exterior de Izquierda Unida

El Autor

CARLOS CARNERO GONZÁLEZ nació en Madrid el 24 de Noviembre de 1961. De profesión Técnico Especialista Administrativo, cursó estudios de Ciencias Empresariales en la Universidad Complutense de Madrid. Fue Secretario de Relaciones Internacionales de la Juventud Comunista y miembro de la Comisión de Relaciones Internacionales del Consejo de la Juventud de España. Formó parte de la Comisión de Relaciones Internacionales del Partido Comunista de España, y en la actualidad es miembro del Comité Ejecutivo del PCE. Es Secretario de Relaciones Internacionales y Política Exterior de Izquierda Unida y miembro de la Presidencia Federal de esta coalición política. Desde Junio de 1994 es Diputado del Parlamento Europeo, donde es portavoz del Grupo Parlamentario Izquierda Unitaría Europea en las Comisiones de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa. Pertenece además a la Subcomisión de Derechos Humanos y es miembro de la Asamblea Paritaría ACP-UE.

La política exterior de España

Permítanme en primer lugar agradecer profundamente al INCIPE haberme brindado tan amablemente la oportunidad de pronunciar hoy esta conferencia sobre la propuesta de política exterior para España elaborada por Izquierda Unida.

Una vez más, el INCIPE se ha puesto a la cabeza de aquellos que consideran que es imposible abordar un debate político serio y profundo entre las diferentes opciones representativas que concurren a una elecciones generales sin contemplar la confrontación de pareceres en un terreno como el de la política exterior.

Creo que el ciclo de conferencias que está teniendo lugar esta semana constituye, por tanto, una magnífica e imprescindible contribución en ese sentido, sobre todo cuando vemos, no sin preocupación, que una vez más la campaña electoral está dejando de lado un debate de esas características.

Algunos piensan que puede haber temas más importantes y, sobre todo, de mayor actualidad mediática que discutir de cara a los comicios del 3 de marzo.

Otros opinan que la política exterior no condiciona realmente la vida cotidiana de los ciudadanos y que el interés de estos por ella es lo suficientemente limitado como para hacerla irrelevante a la hora de definir el voto.

Finalmente, algunos estiman que en los asuntos exteriores las diferencias entre las principales fuerzas políticas se reducen al matiz y no constituyen, por tanto, materia suficiente para el debate.

No comparto ninguno de esos pareceres.

A estas alturas, nada es ajeno a una política exterior que ya no tiene casi nada que ver, afortunadamente, con la Diplomacia decimonónica, y los asuntos del día a día se ven influenciados por ella de manera continua. Estas parecen incluso obviedades para un seguidor mínimamente atento a la evolución de los acontecimientos en España y fuera de ella.

Pero me gustaría hacer especial hincapié en rebatir la última de las afirmaciones anteriores para afirmar que, en política exterior, existen distintos puntos de vista entre las fuerzas políticas españolas.

Algunos pensarán que, de ser así, esto no es bueno para alcanzar un suficiente consenso que permita a su vez un amplísimo respaldo partidario y social a la acción exterior de nuestro país.

Izquierda Unida está y estará siempre a favor de alcanzar ese consenso, de manera que tanto los intereses nacionales como nuestra contribución a la gestión de los asuntos internacionales cuenten con el mayor de los apoyos posibles entre los responsables políticos del país.

Pero estamos convencidos de que ese consenso debe edificarse desde la pluralidad, tan sana, yo diría tan imprescindible, para enriquecer el proceso de búsqueda de soluciones y de elaboración de propuestas.

Conviene que la ciudadanía tenga la oportunidad de manifestar sus preferencias programáticas en las urnas también en cuanto a los asuntos de política exterior, sobre la base de poder elegir entre una diversidad de opciones.

Porque, además, cuando se llega al punto de tener que formar un frente común entre todos para defender lo que, desde la más estricta racionalidad, consideramos un tema que va más allá de las legítimas diferencias políticas entre partidos, nadie ha tenido dudas de lo que había que hacer: estar unidos.

Ejemplos hay unos cuantos en los últimos tiempos que atestiguan lo que digo.

Ahora bien, no podemos ciertamente esconder el hecho de que en política exterior, como en tantos otros temas, entre el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Popular hay muchas más coincidencias que las que cada uno de ellos puede tener con Izquierda Unida en asuntos de especial trascendencia.

Se trata de subrayar las diferencias, de agrandarlas, de hacerlas más ostensibles. No, por supuesto. Pero tampoco de ocultarlas.

Lo que debería ser un acicate más para afianzar una idea clave: el Gobierno de España, sea cual sea su color, debe tratar de ejercer la política exterior buscando el mayor acuerdo posible y haciendo, por consiguiente, de la consulta al Parlamento y a las fuerzas de la oposición una norma y no una excepción.

Consulta en las duras y las maduras, regular, sistemática, sin confundir papeles, cierto, pero sin olvidar que una democracia pluralista se fortalece tanto en la confrontación de propuestas como en el diálogo.

Quiero, en ese sentido, afirmar que, en mi opinión, no es posible alcanzar un consenso básico en política exterior excluyendo a Izquierda Unida, por muy divergentes que parezcan nuestros puntos de vista.

Sería una mala cosa tratar de establecer en el ámbito de la política exterior española una suerte de pensamiento único en virtud del cual diferencia significara marginación.

Porque marginar a Izquierda Unida significaría no escuchar, al menos, el parecer de varios millones de españoles y despreciar la influencia, sin duda modesta pero no pequeña, de esta fuerza política en la escena internacional y, particularmente, europea.

Desde esa voluntad de tomar parte en un diseño de política exterior de España lo más consensuado posible sobre la base de una imprescindible y, ante todo, indiscutible pluralidad, me gustaría pasar a exponer algunas de las principales opciones programáticas de Izquierda Unida en este campo.

Nuestro objetivo básico es conseguir que España juegue un nuevo papel en la escena internacional.

Un nuevo papel encaminado a contribuir, desde nuestra propia realidad nacional, a la transformación progresista del actual estado de cosas a nivel internacional.

Estado de cosas que, desde nuestro punto de vista, no asegura, sino más bien al contrario, un futuro de paz, estabilidad y desarrollo a la Humanidad.

El fin último, el eje vertebrador, de la política exterior de España debería ser el establecimiento de un nuevo orden internacional democrático que invirtiera las principales tendencias establecidas tras la "guerra fría".

Estas tendencias podríamos resumirlas sucintamente como sigue:

- unipolarismo;

- regresión democrática en los procesos de decisión y en las instancias internacionales;

- intervencionismo económico;

- militarización de las relaciones internacionales;

- estallido de nuevos conflictos ínter e intraestatales;

- falta de avance en la implementación de los principios democráticos y el respeto de los derechos humanos;

- profundización de la brecha entre el Norte rico y el Sur subdesarrolla-

do.

A España le interesa objetivamente que, frente al actual proceso de des- regulación de las relaciones internacionales que algunos han definido como "mundialización ", avance la idea de gestión colectiva de los asuntos planetarios en todos los órdenes, a través de mecanismos adecuados a la actual configuración de la Comunidad Internacional.

Yo quiero retomar aquí un concepto político que me parece, en esa dirección, de la máxima actualidad y de la mayor utilidad y, sin embargo, tantas veces denostado desde una supuesta visión realista y pragmática de las cosas: el gobierno mundial.

Entendido éste, evidentemente, no como un Consejo de Ministros planetario, sino como la organización democrática de los procesos de toma de decisiones en los asuntos mundiales y regionales, en la que tomen parte los estados y los otros sujetos de la escena internacional que los países y el devenir de los acontecimientos han ido configurando con el paso de los años.

La política exterior de España debería estar a la cabeza de promover, en ese marco y para tal fin, una amplia y decidida democratización de las relaciones internacionales.

Democratización que debería pasar por la hegemonía de la noción de multipolaridad, entendida ésta en el sentido de considerar que un estado o grupo de países, por muy importante que sea su capacidad política, económica, comercial, militar, humana y cultural no pueden pretender dirigir en solitario y en base únicamente a sus intereses el destino del conjunto del

planeta.

Multipolaridad que, desde luego, va en el sentido exactamente contrario al pretendido por la Administración norteamericana tras la desaparición del bloque del Este y explicitado por el Presidente George Bush al formular su propuesta de "nuevo orden internacional".

Por convicción y por interés, un país medio como el nuestro no puede sentirse cómodo en un orden en el que sólo las grandes potencias tienen algo que decir sobre el rumbo de los acontecimientos internacionales al margen de la opinión del resto de los países.

No sería ni útil ni inteligente aceptar sin más que la dinámica de bloques en vigor hasta fines de los ochenta fuera substituida por el unipolarismo norteamericano, sobre todo, como abordaremos después, cuando Europa está en condiciones objetivas de jugar, desde su unidad, un papel claramente protagonista en la escena internacional.

La multipolaridad que proponemos necesita de dos condiciones: el reforzamiento y adecuación del derecho internacional, y la transformación en profundidad de las principales instancias y organizaciones internacionales.

Desde nuestro punto de vista, ese Nuevo Orden Internacional Democrático cuya conformación debería ser el principal objetivo de la política exterior de España tendría a su vez que caracterizarse por los siguientes rasgos principales:

- alcanzar un nivel aceptable de seguridad, no entendiendo ésta en su concepto clásico, sino en su acepción integral; lo que podríamos denominar seguridad humana;

- el avance de la democracia y los derechos humanos;

- el desarme, tanto convencional como nuclear;

- la solución negociada de los conflictos;

- la Diplomacia preventiva como forma de evitarlos;

- la superación de la brecha Norte-Sur;

- la promoción de la integración regional y la cooperación Sur-Sur;

- la preservación del medio ambiente.

España, decíamos antes, por su peso específico y su situación política, geoestratégica, económica y cultural, así como por su trayectoria histórica, debe trabajar en esa dirección.

Y para hacerlo, nuestro programa supondría una reactivación del papel internacional de España y un giro a la izquierda en su política exterior respecto a la practicada por sucesivos gobiernos desde 1982.

Somos críticos, de una manera ponderada y constructiva, a la hora de hacer balance de la política exterior practicada por los ejecutivos presididos durante casi catorce años por don Felipe González.

Nadie duda que se ha conseguido situar a España plenamente en el marco de las relaciones internacionales, como por otra parte era de esperar desde el mismo momento en que nuestro país se convirtió en una democracia consolidada.

Pero ha faltado el aliento suficiente como para que jugáramos un papel activo encaminado a transformar la situación existente, avanzando propuestas necesarias y realistas en esa dirección, sin duda alguna desde nuestras posibilidades.

Creemos incluso que, en algunos temas, la defensa efectuada de los intereses nacionales no ha sido la mejor ni la más firme de las posibles, como demuestran ejemplos recientes en el tiempo.

Desde esa perspectiva, no podemos dejar de hacer especial hincapié en algunos puntos que nos parecen especialmente criticables de la gestión exterior de aquellos Gobiernos:

- compartir a pies juntillas y en algunos ocasiones a la cabeza de la ortodoxía el proyecto Maastricht de construcción europea;

- haber abrazado, tras singular cambio de opinión, el modelo de seguridad representado por la OTAN ;

- no haber planteado mínimamente la reforma y democratización de organismos como las Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional o la Organización Mundial del Comercio;

- haberse desentendido de la búsqueda de soluciones a conflictos histórica y actualmente vinculados de manera directa a España, como el del Sahara Occidental, o haber fracasado en un tema tan cercano a la opinión pública como el del establecimiento de la democracia en Guinea Ecuatorial;

- no haber establecido, ni cuantitativa ni cualitativamente, una política de cooperación al desarrollo acorde con el profundo sentimiento solidario de la sociedad española y nuestros recursos materiales. Sería injusto olvidar en este balance aspectos positivos e interesantes de esa política exterior, entre los que cabría hacer referencia a la novedosa participación de España en operaciones de paz de la ONU en diversos países (Angola, El Salvador, Bosnia ), las propuestas realizadas en pro de la puesta en marcha de nuevos marcos de cooperación con el Mediterráneo y América Latina o la celebración en Madrid y Barcelona de las Conferencias de Paz en el Próximo Oriente de 1991 y Euromediterránea, respectivamente.

Un análisis de lo realizado y de la perspectiva inmediata nos permitiría volver a subrayar algo que indicábamos más arriba: que PSOE y PP comparten, a diferencia de Izquierda Unida, cuestiones esenciales de la política exterior, empezando por su coincidencia en torno al Tratado de la Unión Europea firmado en Maastricht y la relación transatlántica con los Estados Unidos, pasando por el modelo de seguridad en Europa y terminando por su no cuestionamiento del actual marco de relaciones económicas internacionales.

Para enfocar la política exterior de España de otra manera más activa y más progresista, desde una concepción pragmática no exenta de objetivos de transformación, Izquierda Unida ha avanzado una serie de propuestas que me gustaría exponer a continuación y que han constituido la base un serio trabajo institucional en este ámbito, plasmado canto en las Cortes Generales como en el Parlamento Europeo.

Creemos firmemente que la gran prioridad de la política exterior de España debe ser la construcción de la unidad europea, en tanto que proyecto compartido sin cuya correcta realización sería imposible diseñar una solución válida y efectiva a los grandes problemas y retos que tiene planteados nuestro país y, menos aún, garantizar la paz, la estabilidad y la cooperación en el conjunto del continente.

Partiendo de nuestra sólida convicción europeísta, estimamos que España debe estar en primera línea a la hora de propugnar que la Unión Europea se convierta en una verdadera unión política, de rasgos federales.

La economía y el mercado deben ser parte de un proyecto político europeo, no al revés, y han de ser los gobiernos y los parlamentos, que expresan la decisión política de los ciudadanos, quienes dirijan ese proyecto.

Por el contrario, aceptar que la Unión Económica y monetaria sea El Proyecto con mayúsculas y lo político un accesorio del mismo, o asumir sin respuesta en contrario las recientes afirmaciones del Presidente del Bundesbank en el sentido de que gobiernos y partidos deben supeditar sus decisiones a las tomas de postura de los mercados, significaría, lisa y llanamente, una regresión democrática en toda regla.

Y para ello consideramos necesario que nuestro país promueva una profunda revisión del Tratado de Maastricht, con el que somos profundamente críticos -hasta el punto de no haber apoyado en su día la ratificación parlamentaria del mismo- por considerar que sus contenidos no responden a las necesidades reales de la construcción europea, se quedan extraordinariamente cortos en los ámbitos políticos y de seguridad y están profundamente desenfocados en los terrenos económicos y sociales.

Me gustaría hacer un pequeño paréntesis para subrayar que, a diferencia de lo que algunos se ha tratado de interpretar en reiteradas ocasiones, nuestra oposición a Maastricht no es consecuencia de una supuesta aversión de Izquierda Unida a la construcción europea, sino más bien al contrario.

Nuestro europeísmo nos hace considerar que un Tratado como ése puede terminar convirtiéndose en sus actuales términos en un grave obstáculo para el avance de la unidad europea, generando con su aplicación o sus lagunas extraordinarios problemas y fuertes porcentajes de europesimismo en el tejido social.

La pregunta no es, en mi opinión, Maastricht sí o no. La cuestión es otra: es el Tratado de la Unión Europea el instrumento adecuado para afrontar con éxito, por ejemplo, la lucha contra el desempleo o edificar un nuevo marco de seguridad en Europa?

La realidad parece respaldar nuestra respuesta a esa pregunta: No.

Gran parte de la opinión pública y las organizaciones sociales comparten ese punto de vista, como demuestran las masivas movilizaciones obreras en Francia contra los planes del primer ministro Juppé de aplicar nítidos recortes sociales para tratar de cumplir las condiciones exigidas por el Tratado de Maastricht para la Unión Económica y monetaria y también las duras críticas de los sindicatos miembros de la Confederación Europea de Sindicatos, entre ellos Comisiones Obreras y la Unión General de Trabajadores, a la perspectiva diseñada para establecer la moneda única.

Nadie duda que Maastricht ha supuesto un avance, seguramente tímido, en algunos puntos respecto al Acta Única; nadie duda que con- tiene elementos sumamente interesantes, que convendría desarrollar a fondo.

Pero al tiempo es obvio que el grueso de sus disposiciones no está orientado en la dirección oportuna, tal y como muchos ejemplos, en sus dos años escasos de vigencia, han puesto de manifiesto.

Hay que revisar Maastricht a fondo, no de una manera cosmética para salir del paso, y por ello pensamos que, en el marco de la Conferencia ínter- gubernamental que comenzará el próximo 29 de marzo en Turín, España debería proponer que esa reforma pase por los siguientes parámetros:

- la superación del déficit democrático a través de un reequilibrio de poderes entre las instituciones de la Unión que favorezca el papel del Parlamento;

- el cambio de los criterios y plazos de la Unión Económica y monetaria, de forma que la entrada en vigor de su tercera fase sea una decisión de calado político y la moneda única sea un medio para combatir el paro y fomentar la cohesión económica, social y territorial. Un Gobierno de Izquierda Unida, o en cuya política fuera determinante, propondría en la primera sesión de la Conferencia Gubernamental introducir un único pero sustancial cambio en su agenda: establecer como tema a discusión, al menos, la reflexión sobre la flexibilización de los plazos y condiciones para alcanzar la moneda única, poniendo sobre la mesa un debate no sólo necesario, sino existente en todos los ámbitos que tienen algo que decir sobre el proceso de construcción europea;

- el establecimiento de una verdadera Política Exterior y de Seguridad Común integrada en el primer pilar comunitario que fomente la seguridad compartida en Europa, la prevención de los conflictos y la cooperación con los países terceros a través, entre otras medidas, de la toma de decisiones por mayoría -existiendo la posibilidad de un optimo out sin capacidad de bloqueo- de la representación común de los países de la Unión en los organismos internacionales y de la integración de las estructuras de la actual Unión Europea Occidental en las de la Unión Europea a fin de permitir una eficiente coordinación de las Fuerzas Armadas de los estados miembros para llevar a cabo las denominadas "misiones Petersberg";

- el desarrollo de una efectiva cooperación en los asuntos de justicia e Interior que impida la repetición de decisiones tan lamentables como la adoptada a principios de mes por el Consejo de Estado belga;

- la creación de una verdadera ciudadanía europea con todo lo que ello implica de ejercicio y protección de derechos y deberes comunes para los habitantes de los países de la Unión Europea.

Hace falta más Europa, no menos, pero sí diferente a la actual; más Europa, pero no la de "varias velocidades" o la del "núcleo duro".

En otras palabras, la construcción de la Europa unida no puede ser percibida ni por los estados ni por los ciudadanos como un problema, sino como una solución. Esa es la gran responsabilidad de los gobiernos durante la Conferencia Intergubernamental a cuyos debates deberíamos proponer estuvieran asociados convenientemente el Parlamento Europeo y los legislativos nacionales, y cuyas discusiones deberían llevarse a cabo con la máxima transparencia.

Transparencia imprescindible también a la hora de ratificar la revisión del Tratado de Maastricht, que Izquierda Unida propone sea objeto del oportuno referéndum. Esperamos que, esta vez sí, a diferencia de 1992, cuando nos quedamos solos reivindicando una consulta similar sobre el Tratado, el Gobierno y las fuerzas políticas sepan entender que esta demanda, defendida también por el Parlamento de Estrasburgo, es lo mínimo exigible por la ciudadanía en democracias como las europeas.

Nuestra política exterior, apuntábamos, debe impulsar el establecimiento de un nuevo marco de seguridad pan-europea, basado en la seguridad compartida, el desarme y la Diplomacia preventiva, que tenga como objetivos el fortalecimiento de las instancias no mutares de la seguridad, como la Organización de Seguridad y cooperación en Europa, y la superación de las herencias conceptual y organizativa de la guerra fría.

Es por ello que consideramos que la OTAN no es la organización adecuada para garantizar la segundad europea y que debe ser superada de forma progresiva, empezando por pasos como la salida de España de la misma -si así lo deciden los ciudadanos en las urnas convocados al efecto- y, en todo caso, dando estricto cumplimiento a las condiciones del referéndum de marzo de 1986, comenzando por la no integración de nuestro país en la estructura militar integrada de la Alianza.

España, cuya política exterior no puede considerar a la Política Exterior y de Seguridad Común como un complemento sino como parte de un todo, debería pugnar por la construcción de una identidad europea de defensa que, sobre la base de las propuestas antes apuntadas para la reforma del Tratado de la Unión Europea y no sobre el fortalecimiento de estrategias militares clásicas que han dado lugar, por ejemplo, a la formación del Eurocuerpo, garantizara una independencia táctica y estratégica con respecto a los Estados Unidos.

Creemos que la Unión Europea Occidental, mientras exista, o la política de defensa de la Unión Europea, cuando se cree, no pueden ser el pilar europeo de la OTAN. Con Washington la relación, que ha de ser de cooperación y buen entendimiento, por supuesto, debe ser establecida no sobre parámetros de dependencia, sino de igualdad.

No es posible continuar aceptando la repetición de situaciones como las concretadas en el proceso de paz en el Próximo Oriente o en la antigua Yugoslavia: Norteamérica establece las reglas de solución política y Europa aporta la intendencia humana y material.

Europa debe jugar un papel propio en la escena internacional y en los temas de seguridad, de acuerdo con sus intereses y con una visión profundamente solidaria de las relaciones entre países y pueblos.

Y en primer lugar con los estados de la Europa Central y Oriental -los PECOS-, Rusia y los países surgidos de la desintegración de la Unión Soviética.

Creemos que España debe ser favorable a la ampliación de la Unión al Este -también a Chipre y Malta- porque sin ella sería imposible concebir la unidad europea y, sobre todo, el progreso democrático, económico y social de los países situados en ese área, y menos aún la estabilidad de la misma.

Estamos hablando, por otra parte, de sociedades en continua evolución, capaces de buscar alternativas a sus graves problemas por la vía del progreso, como demuestran las recientes elecciones presidenciales y legislativas celebradas en Polonia, Hungría y Bulgaria, sin necesidad de volver la vista atrás pero tampoco de seguir adentrándose por el camino del liberalismo a ultranza, que durante sus años de hegemonía a principios de la década ha provocado una enorme desarticulación social y un inaceptable desmantelamiento productivo.

Pero creemos que esa ampliación debe estar ligada a la profundización de la construcción europea y ha de hacerse de forma tranquila, de manera que ni los ciudadanos de los PECOS se vean enfrentados a un ajuste duro como consecuencia del impacto de la incorporación al mercado único ni se ponga en cuestión el acervo comunitario, particularmente políticas y elementos como la Política Agrícola Común y los Fondos Estructurales y de Cohesión.

Hará falta desarrollar correctamente una estrategia adecuada de preadhesión, incrementando el diálogo estructurado, y proveer períodos de transición suficientes.

Países como España se juegan mucha en cómo se lleve a cabo la ampliación al Este y no podemos por menos que juzgar que la política del Gobierno ha sido demasiado ligera en este tema hasta fechas relativamente recientes. No proponemos obstaculizar ese proceso, del que somos firmes partidarios, pero sí hacerlo con las suficientes garantías y de acuerdo con los puntos de vista de todos los socios comunitarios, no solamente teniendo en cuenta las perspectivas a corto y largo plazo de Alemania.

Me gustaría añadir que no consideramos conveniente ligar de forma automática ampliación de la Unión Europea y alargamiento de la OTAN a los PECOS, algo que incluso en las actuales etapas transitorias definidas por la existencia de la Asociación para la Paz causa una profunda inquietud en la Federación Rusa.

Rusia debe ser un punto de constante atención para la Unión Europea y España debería promover en su seno una política tendente a favorecer su estabilidad y la consolidación de la democracia, que abandone errores tras casos como haber apoyado sin condiciones a Boris Yeltsin y a su política a pesar de los evidentes aspectos negativos de la misma, expuestos con extremada crudeza en el asalto al Parlamento en 1993 o en Chechenía.

Moscú, sen cuales sean sus futuros gobernantes elegidos democráticamente, debe estar asociado al antes referido nuevo marco de seguridad pan- europea y entender que la gestión de las crisis que aparecen en algunas regiones, como en el Cáucaso, no es asunto de su exclusiva competencia - que demanda en base a la doctrina del "extranjero cercano"- sino un tema que afecta al conjunto de Europa y en el que instancias como la Organización para la cooperación y la Seguridad en Europa deben jugar un papel protagonista para la búsqueda de soluciones políticas y no militares.

La cooperación y la estabilidad en los Balcanes debe ser también motivo de atención prioritaría de la Diplomacia española. Guerras como la de Bosnia, que ha causado miles de muertos y una destrucción material y moral incalculable -junto a una importante pérdida de credibilidad de la ONU y la Unión Europea, frente al protagonismo final de los Estados Unidos- no pueden repetirse más bajo ningún concepto y en ninguna circunstancia.

España debe apostar por la recuperación de la cooperación y el entendimiento en la antigua Yugoslavia, por que los Acuerdos de Dayton puedan establecer una paz justa y duradera, a través del cumplimiento de sus contenidos, garantizándose la convivencia multicultural y multiétnica, el retorno de los refugiados, la puesta a disposición del Tribunal Internacional creado al efecto de los criminales de guerra, la celebración de elecciones libres y el reconocimiento mutuo de todos los países surgidos de la antigua Federación.

Tras los graves sucesos acaecidos en Mostar -que casi han costado la vida a un europeo ejemplar, Hans Koschnick- o Sarajevo, será preciso seguir insistiendo y presionando a las partes para que cumplan lo pactado en Dayton, tal y como acaba de hacerse en Roma, tratando de conseguir la aplicación rápida e íntegra de los Acuerdos de Paz, particularmente en lo referido a su parte civil, para lo que es imprescindible apoyar sin reservas al representante de las Naciones Unidas, Cari Bildt, poniendo a su disposición todos los medios humanos y materiales necesarios.

Europa ha cometido graves errores en esta guerra, que han puesto de manifiesto la necesidad de contar con una Política Exterior y de Seguridad Común efectiva, a pesar de que países como España han dado una importante contribución a la paz, a veces hasta las últimas consecuencias, a través de sus cascos azules, que han llevado a cabo una meritoria labor de ayuda humanitaria.

Esa presencia de España ha contado desde el primer momento con nuestro consenso hasta que el Gobierno, sin consulta previa con las fuerzas políticas, ha transformado nuestro contingente -hoy cercano a los 2.000 efectivos- de cascos azules en soldados bajo el mando de la OTAN.

Deberían haber sido las Naciones Unidas quienes gestionaran con medios suficientes la aplicación de los Acuerdos. En todo caso, España, en el marco de la Unión Europea, debe ser generosa en su aportación económica a la reconstrucción de Bosnia.

La segunda prioridad de la política exterior de España debe ser el Mediterráneo, sobre todo teniendo en cuenta que nuestra seguridad es indesligable de la estabilidad en esa región, que vive una crisis permanente, con focos de conflicto todavía abiertos, otros inestablemente en vías de arreglo, nuevos fenómenos que amenazan el futuro desarrollo democrático de la zona y una persistente desigualdad Norte-Sur que se complementa con un deterioro medioambiental galopante.

Es preciso que España impulse la creación de un nuevo esquema de relación Europa-Mediterráneo desde el que afrontar esos problemas con garantías de éxito y desde un plano de igualdad.

En esa dirección, debe saludarse como un paso positivo la celebración de la Conferencia Euro-Mediterránea de Barcelona, en la que tuve ocasión de participar integrado en la delegación de la Unión Europea al tomar parte del grupo de eurodiputados que representó en su seno al Parlamento Europeo.

Paso positivo pero insuficiente en lo político y en el terreno de la seguridad y, lamentablemente, desenfocado en lo relativo a lo económico y comercial.

Creo que nuestro país debe apostar fuerte para que el capítulo político de la Conferencia de Barcelona termine derivando en la estructuración de una Conferencia de Seguridad y cooperación en el Mediterráneo desde la que establecer mecanismos de diálogo permanente y confianza mutua entre las dos riberas en esos ámbitos e impulsar no sólo la prevención de nuevos conflictos sino también el desarme -incluyendo el convencional y la no proliferación nuclear- y la garantía del respeto a los principios democráticos y los derechos humanos.

La asociación euromediterránea de libre comercio, por otra parte, no debe suponer un golpe para los sectores productivos de países como España y, al mismo tiempo, los fondos del programa MEDA no han de utilizarse para financiar el ajuste duro que el Fondo Monetario Internacional exige a los países menos desarrollados de la región, sino por el contrario contribuir a la solución de sus principales problemas sociales y a la corrección de sus desequilibrios.

España debe estar presente en la solución de los principales problemas del Magreb y del Machrek. El futuro de España y el del Magreb son, sencillamente, indesligables, por muchas razones de toda índole.

A España le conviene que el Magreb se convierta en una zona donde exista una verdadera integración regional y una fuerte cooperación Sur-Sur, lo que pasa, entre otras cosas, por el descongelamiento y potenciación de la Unión del Magreb Árabe, hoy víctima de las contradicciones entre los países de la región.

España debe buscar el establecimiento de una relación de buena vecindad y estrecha cooperación con Marruecos en todos los órdenes. Pero no a costa de decir sí a todas las demandas de Rabat, por muy injustificadas que éstas sean. No podemos seguir siendo la parte débil de esa relación bilateral, como han demostrado los recientes Acuerdos de Pesca y de Asociación entre la Unión Europea y Marruecos o la Cumbre bilateral que ha tenido lugar este mes, con el anuncio de la condenación de parte de la deuda bilateral, que por cierto rechazamos.

Tampoco podemos, en aras de esa relación privilegiada, guardar silencio sobre el no respeto a los derechos humanos en el país vecino y, menos aún, dejar de denunciar su obstaculización del proceso de autodeterminación del Sahara Occidental.

Este último es un tema en el que nos incumbe una evidente responsabilidad histórica y un claro interés presente: sin paz en el Sahara no habrá estabilidad en el Magreb.

Debemos defender sin ambigüedades que el pueblo saharaui ejerza libremente su derecho a la autodeterminación a través del referéndum con- templado por las Naciones Unidas y tenemos que empujar para que esta consulta se celebre lo antes posible y en las condiciones adecuadas. No podemos permitir que la Comunidad Internacional termine desentendiéndose del problema, algo que quizás Rabat busca con su continuo torpedeo del proceso.

España no puede seguir vendiendo armas a un país en guerra como Marruecos y debe conceder un status diplomático adecuado en su territorio a los representantes saharauis, es decir, al Frente Polisario, que conforma el Gobierno de la República Árabe Saharahui Democrática, incrementando la ayuda humanitaria a ese pueblo de forma urgente.

Incitar a la consecución de la paz civil en Argelia, a través de un diálogo entre el Gobierno y los partidos que rechazan el terrorismo que permita la convocatoria de elecciones legislativas pluralistas -todo ello hoy más factible que nunca tras los recientes comicios presidenciales, que han sido un éxito de participación popular- debe ser otro objetivo de España.

Condenando sin ambages el terrorismo que en Argelia está costando la vida a miles de personas, empezando por sectores como los intelectuales, los periodistas y las mujeres, España debe ser consciente que el fenómeno fundamentalista se combate desde la democracia y el desarrollo, con el fortalecimiento de la participación ciudadana y la solución de los problemas sociales, y actuar en consecuencia promoviendo una cooperación que no pase precisamente por los planes de ajuste del Fondo Monetario Internacional.

Creemos además que no es de recibo seguir con la política de aislamiento hacia Libia, que no conduce más que a un callejón sin salida. España debería promover el levantamiento de las sanciones a Trípoli.

En cuanto al Próximo Oriente, pensamos que nuestro país debe seguir apoyando con firmeza el proceso de paz establecido entre israelíes y palestinos, que acaba de cosechar un nuevo éxito con las elecciones, pero instando a que se cumplan los contenidos de los Acuerdos de Oslo 1 y 2, que se acorten los plazos previstos lo máximo posible, que no continue la construcción de asentamientos, que se ponga en libertad a los presos palestinos y que Tel Aviv acepte una solución adecuada a la cuestión de Jerusalén tal y como ha demandado el Presidente Arafat.

Todo ello debe complementarse con un acuerdo de paz sirio-israelí que suponga la devolución del Golán a Damasco y con la retirada del ejército de Tel Aviv del sur del Líbano.

España debe apoyar la reunificación de Chipre y la profundización de la democracia en Turquía.

Ha sido un craso error, a la luz de los acontecimientos, que España, presidiendo el Consejo Europeo, impulsara la entrada en vigor de la Unión Aduanera con Turquía. Lo digo como ponente del Parlamento Europeo en este tema que recomendó votar no y continuar así la presión sobre Ankara. Las consecuencias de aquella decisión están a la vista de todos, bastando con recordar los resultados de las legislativas del pasado 24 de diciembre y los acontecimientos posteriores en el Egeo.

No habría estabilidad en el Oriente Medio, por otro lado, si no se garantiza al pueblo kurdo el ejercicio de sus derechos nacionales, empezando por poner fin a la represión que se lleva a cabo en su contra en diferentes países de la zona, entre los que cabe citar esencialmente a Turquía, Irak e Irán.

Al apoyar esa justa reivindicación, España debería cesar el suministro de armas o material susceptible de doble uso que pudiera ser utilizado contra los kurdos. Quiero hacer especial mención a la venta de aviones CN-235 a Turquía, que según Amnistía Internacional podrían estar siendo utilizados por el ejército de Ankara en la guerra sucía que lleva a cabo en el Sudeste del país.

Llegado a este punto, me gustaría recordar que uno de los grandes temas motivo de discrepancía con la política exterior del gobierno español fue, sin duda, la guerra del Golfo.

Si inaceptable fue la invasión de Kuwait por parte de Irak, la respuesta desencadenada a iniciativa estadounidense por las potencias occidentales representó la primera aplicación a gran escala de la noción de "nuevo orden" del Presidente Bush y, además de acarrear la pérdida de miles de vidas humanas y una extraordinaría destrucción material y ecológica, supuso una utilización inaceptable del marco de las Naciones Unidas.

España se sumó directamente a la coalición internacional que intervino en ese conflicto, desoyendo la opinión contraría de una gran parte de la opinión pública y dando una clara muestra de la intención del Gobierno de compartir la nueva estrategia internacional promovida por la Casa Blanca.

A cinco años del fin de ese conflicto, el pueblo iraquí sigue sufriendo deforma brutal sus consecuencias, a través del mantenimiento de un inaceptable embargo que sólo responde a los intereses políticos y económicos de los Estados Unidos y los países del Golfo, y que está costando la vida a miles de niños, ancianos y enfermos.

Creemos que España debe demandar el inmediato levantamiento de ese embargo, al tiempo que reivindicar el establecimiento de la democracia y el respeto a los derechos humanos en Irak, cuyo régimen es de todo punto inaceptable.

La tercera gran prioridad de la política exterior de nuestro país debe centrarse en América Latina, con un objetivo claro: contribuir a la solución de los problemas del área -deuda, pobreza, dependencia - a través de una cooperación bilateral y multilateral que favorezca la integración regional y posibilite la generación de políticas distintas a los vigentes criterios neoliberales y de ajuste duro promovidos por instancias como el Fondo Monetario Internacional y acogidos por muchos gobiernos de la zona.

América Latina no puede quedar encajonada, sin solución alternativa, en la tradicional y nada ventajosa relación prioritaría con los Estados Unidos, cuya Administración está claramente decidida no solo a mantener, sino incluso a intensificar esa situación como demuestran claramente el Tratado de Libre Comercio y la Iniciativa de las Américas.

España debe promover un sustancial incremento de la cooperación entre la Unión Europea y América Latina. Ello significa, entre otras medidas, actuar en la dirección de las siguientes orientaciones:

- desarrollar el recientemente firmado Acuerdo con Mercosur, cuidando especialmente los aspectos políticos, sociales y ecológicos;

- establecer acuerdos con Chile y México, condicionando este último a firmes cláusulas de democratización y respeto a los derechos humanos;

- intensificar el Diálogo de San José y con los países del Pacto Andino.

Debemos manifestar nuestra opinión favorable a la continuidad de las Cumbres Iberoamericanas pero también a la búsqueda de mecanismos que aumenten su utilidad.

España debería incrementar su relación bilateral con Cuba, promover la firma de un Acuerdo de Cooperación de la Unión Europea con ese país y demandar el levantamiento del bloqueo norteamericano sobre la isla.

En otras palabras, proponemos dar continuidad a la política llevada a cabo por el Gobierno hasta la fecha, considerando al tiempo que un hipotético cambio de color en el mismo no debería variar sustancialmente una actuación que cuenta con un amplísimo consenso de la sociedad española. Todo ello será básico para permitir la realización de las necesarias reformas políticas y económicas en Cuba.

La plena democratización de México y la solución negociada del conflicto de Chiapas deberían estar también entre las preocupaciones de la agenda española hacia Latinoamérica.

Otros temas de esa agenda podrían ser la consolidación y extensión de la democracia en Haití, El Salvador y Guatemala, así como la demanda de paz civil en Colombia y la exigencia de responsabilidades a los culpables de la represión de los Gobiernos militares en Argentina y Chile.

La solución del gravísimo problema del narcotráfico sobre la base de medidas centradas en el desarrollo y la lucha contra el crimen internacional organizado y la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, víctimas en muchos casos de inaceptables atentados individuales y colectivos y principales sujetos de la marginación.

Otras dos regiones no deberían estar ausentes de la política exterior de España, aunque nuestro país no tenga intereses inmediatos o tan importantes en ellas como en Europa, el Mediterráneo o América Latina.

En cuanto a África, que supone la gran lacra del subdesarrollo y registra a estas alturas el mayor número de conflictos -esencialmente intraestatales- y golpes de estado -tres durante el mes de enero- debemos promover un incremento de la cooperación económica de la Diplomacia preventiva -vía Naciones Unidas y Organización de la Unidad Africana- frente a las tentaciones de intervención neocolonial presentes en países como Francia.

Es imposible aceptar la repetición de situaciones como las vividas en Ruanda o la continuación de la guerra en Somalía, por poner dos ejemplos punteros por lo desastroso.

Al tiempo, se impone revisar al alza, cuantitativa y cualitativamente, la cooperación ACP (África, Caribe, Pacífico)-Unión Europea, desarrollando y dando continuidad al Convenio de Lomé y humanitarizando el Fondo Europeo de Desarrollo, que debe aumentarse en el futuro sobre la base de criterios objetivos y solidarios.

Apoyar a la nueva Suráfrica democrática y la reconstrucción de Angola y Mozambique deben ser también elementos de la política exterior española en África.

Pero no podemos olvidar aquí la situación de Guinea Ecuatorial, que desde nuestro punto de vista ha sido el gran fracaso bilateral de la acción exterior de España.

A cuatro días de la celebración de unas elecciones presidenciales sin las mínimas garantías democráticas, España, cuya política hacia Guinea arrastra el peso de los errores cometidos y las debilidades mostradas frente a Teodoro Obiang, debe seguir reclamando el establecimiento de la democracia en ese país, manteniendo hasta alcanzar ese objetivo la presión sobre las

autoridades de Malabo y buscando una postura cohesionada de la Unión Europea en ese sentido -algo que se ha echado en falta en bastantes ocasiones- apoyando a la oposición democrática de manera efectiva.

Por lo referido a Asia, España debe apoyar el establecimiento de un nuevo marco multilateral de relación planteado por la Unión Europea - objeto de la Cumbre que tendrá lugar próximamente- garantizando la necesaria protección de nuestros intereses comerciales, y no olvidar las demandas de democracia en Filipinas y autodeterminación de Timor.

Habría que establecer relaciones diplomáticas con Corea del Norte.

Me gustaría avanzar ahora algunas ideas sobre el papel de España en los organismos internacionales, particularmente en el seno de la ONU, y sobre las cuestiones de desarme.

Las Naciones Unidas deberían ser, en nuestra opinión, el instrumento imprescindible para la gestión de los problemas internacionales.

Es preciso reconocer que, a pesar de todas las insuficiencias registradas, el papel desarrollado por la ONU durante los cuarenta años de su existencia ha sido positivo en ámbitos tan importantes como el mantenimiento de la paz y la lucha por la superación del desarrollo.

Y hoy más que nunca las Naciones Unidas constituyen el único marco existente a través del que todos los países que constituyen la Comunidad Internacional pueden tener la oportunidad de expresarse.

Para Izquierda Unida, el fortalecimiento de la ONU es imprescindible si se quieren contrarrestar las tendencias desreguladoras que son consecuencia directa de los procesos de globalización y mundialización.

A un país como España, situado en una posición intermedia de influencia en los asuntos internacionales, le interesa objetivamente dar una solución adecuada a la crisis por la que atraviesan las Naciones Unidas.

Crisis provocada por varios factores, ninguno de ellos ajeno a la voluntad de sus miembros más poderoso, algo que no conviene olvidar.

Factores entre los que destacan:

- la inadecuación de sus estructuras al devenir de los acontecimientos internacionales;

- la insuficiencia financiera en cuanto a sus recursos;

- y, sobre todo, la ausencia de compromiso político de ciertos países miembros respecto a sus decisiones.

Porque hay que decirlo con claridad: ciertos gobiernos, a su cabeza la Administración norteamericana, están provocando directa o indirectamente un caída libre de la credibilidad de la ONU.

A los Estados Unidos de los años 90 les iba bien un sistema de Naciones Unidas refrendador de sus actuaciones, avalista de sus decisiones. Así ocurrió con la Guerra del Golfo.

Cuando, por el contrario, las Naciones Unidas tratan de actuar de una forma mínimamente semejante a la de una confederación de naciones, cuando tratan de alcanzar objetivos que no convienen a Washington, la confrontación está servida.

En otros temas demócratas y republicanos tendrán puntos de vista diferentes. Pero en este asunto de vaciar de competencias a la ONU, de paralizarla, de culpabilizarla y debilitarla, Bill Clinton, por un lado, y Bob Dolé, por otro, no tienen demasiadas diferencias de fondo.

Parece increíble que el fin de la "guerra fría", en vez de suponer un neto incremento del papel de la ONU -como pareció suceder al principio- al liberarse del catenacw bipolar, termine representando su marginación progresiva.

España no puede compartir esa dinámica y nuestra política exterior debe tener como prioridad la máxima promoción del papel de las Naciones Unidas.

Para ello, tendríamos que emprender una profunda reforma de su sistema, de manera que sus objetivos se adapten a las necesidades actuales del Mundo y se apliquen todos los preceptos de su Carta.

Nosotros no proponemos más competencias para la ONU, sino la intensificación del ejercicio de las que actualmente posee.

En ese sentido, nuestro país debería adelantar las siguientes líneas básicas:

- incremento del papel de la Asamblea General;

- limitación del derecho de veto en el Consejo de Seguridad;

- aumento del número de miembros permanentes o no de esa instancia ;

- solución de los problemas financieros mediante el pago de los atrasos pendientes y la fijación de una nueva estructura de pagos e ingresos, en la línea de lo adelantado tanto por la Presidencia italiana de la Unión Europea como por la propia Secretaría General de la organización.

En cuanto al tercero de esos puntos, España podría avanzar la propuesta de que entre los miembros no permanentes existiera un grupo de rotación continua en el que podrían estar países de la capacidad política y económica del nuestro.

Junto a la intensificación del papel del Secretario General y el reforzamiento de los organismos y agencias dedicados a la atención de los sectores más débiles y marginados de la población mundial, dando continuidad a las Conferenciales mundiales que, como la del clima, la de la mujer o la social han venido teniendo lugar en los últimos años, sería preciso dar todavía mayor protagonismo y medios a las operaciones de mantenimiento o construcción de la paz

España, además de seguir cumpliendo con regularidad con sus obligaciones financieras, debería seguir contribuyendo a esas operaciones de acuerdo con sus posibilidades humanas y materiales y proponer que los estados más fuertes pusieran a disposición permanente de las Naciones Unidas contingentes militares y partidas presupuestarias que permitieran a la organización actuar rápida y efectivamente desde el punto de vista de la Diplomacia preventiva.

Expresando nuestra satisfacción crítica por el papel desempeñado por España durante su permanencia en el Consejo de Segundad, consideramos que nuestro país debería, en el marco de la reforma de la Política Exterior y de Seguridad Común que se llevará a cabo durante la Conferencia Intergubernamental de 1996, proponer el estudio de que la Unión Europea contara con mecanismos tendentes a la representación colectiva de sus estados miembros en el seno de las Naciones Unidas.

El impulso del desarme debe constituir un eje básico de la política exterior.

Habrá que fomentar el desarme convencional, tanto en Europa (a través del cumplimiento y ampliación de los tratados correspondientes) como en lo referido al comercio de armas hacia al Sur, que debe ser controlado y reducido, alentando la disminución del los presupuestos de defensa de los países subdesarrollados.

España no debería suministrar armamento o material de doble uso a países en conflicto o con ausencia de democracia y respeto a los derechos humanos, reconvirtiendo progresivamente la industria militar hacia el campo de lo civil.

En esa dirección, nuestro país debería apostar por el fin inmediato de la producción, almacenamiento o venta de las llamadas minas antipersonales.

En lo referido al desarme nuclear, España tendría que impulsar la firma universal del Tratado de No Proliferación y su cumplimiento, dando un giro radical a la lamentable postura adoptada por el Gobierno sobre la reanudación de las pruebas nucleares francesas en el Pacífico, consistente en un silencio sepulcral que ha desoído la unanimidad contraría a aquella decisión del Presidente Chirac expresada por la sociedad española.

La cooperación al desarrollo debe ser una prioridad que recorra la acción exterior del Estado.

Asumiendo plenamente el Pacto por la Solidaridad propuesto por la Plataforma 0'7 y la Coordinadora de Organizaciones no Gubernamentales de Desarrollo, creemos que el objetivo del 0'7 con respecto al PIB dedicado a ese capítulo debe ser alcanzado en los presupuestos de 1997.

Al tiempo, estimamos necesario que se elabora una Ley General de cooperación que facilite los instrumentos políticos e institucionales suficientes para hacer más operativa y eficaz la cooperación al desarrollo de nuestro país, así como que se elabore un Estatuto del Cooperante que de cobertura a los españoles y españolas que están dedicados fuera del país a estas labores solidarias.

Esa Ley General debería contemplar canto el establecimiento de un Ente Público para gestionar todos los gastos que figuren en los Presupuestos Generales del Estado en este ámbito y la creación de un Consejo de Cooperación representativo y con verdaderas capacidades de administración, control y propuesta.

Debe ponerse fin al inaceptable planteamiento actual de los créditos FAD que, de mantenerse su actual concepción, han de ser suprimidos como fondos de cooperación al tener un claro contenido comercial y por haber servido en algunos casos para financiar incluso operaciones de venta de material susceptible de uso militar.

Querría abordar, acercándome ya al final de esta exposición, dos temas más. En primer lugar, el de la defensa nacional, sobre la base de lo indicado anteriormente con respecto al nuevo modelo de seguridad en Europa que proponemos.

Creo que España debe contar con unas Fuerzas Armadas adecuadas a sus necesidades defensivas y de seguridad, lo que significa su profesionalización (que creemos podría alcanzarse en el plazo de dos legislaturas) y su renovación tecnológica.

La profesionalización de los ejércitos es una perspectiva en la que debe contemplarse la inmediata reducción del servicio militar actual, junto con un cambio radical de la vida en los cuarteles. Asimismo, es preciso un reforma de la ley de objeción de conciencia, a través de la ;cual ésta deje de esta penalizada, igualándose la duración de la Prestación social Sustitutoria con la del servicio militar, convirtiéndose el Consejo Nacional de Objeción de Conciencia en un registro administrativo, impidiéndose el uso de los objetores prestacionistas en la Administración pública, reconociéndose la objeción sobrevenida y despenalizándose la insumisión.

Querría terminar refiriéndome al impulso de la cultura de nuestro país y a las relaciones bilaterales de España.

El castellano esencialmente, pero también el catalán, el euskera y el gallego, como elementos esenciales de nuestra cultura, deben ser promovidos, como el conjunto de nuestra cultura, en el mundo. Creemos en ese sentido que es preciso potenciar el papel de organismos como el Instituto Cervantes.

Nos parece correcto mantener el alto nivel alcanzado con países como Alemania, Francia, Portugal e Italia, a través del sistema de cumbres.

En lo referido a los Estados Unidos, nuestra opinión es clara: las relaciones deben estrecharse todo lo necesario, pero desde un plano distinto al actual, de mayor igualdad, que incluya el desmantelamiento de las bases norteamericanas en nuestro país.

Finalmente, a través del diálogo bilateral con el Reino Unido es preciso conseguir la recuperación de la soberanía española sobre Gibraltar y pone fin a los fenómenos ilegales que provoca la actual situación de la Roca.

Esta es la propuesta de política exterior y seguridad que Izquierda Unida hace a los ciudadanos para el próximo 3 de marzo. Creemos que se trata de una propuesta realista y, seguramente por ello, a la vez encaminada a transformar el orden internacional y a la búsqueda de la paz y la solidaridad.