Luisa M. García García

Diplomática

Investigadora Asociada del INCIPE

Venezuela atraviesa por una crisis social, económica y política sin precedentes en los últimos años. El enfrentamiento y posicionamiento de gobierno y oposición está llegando a límites extremos y las continuas protestas sociales se convierten en un caldo de cultivo de insospechadas consecuencias.  

El 11 de abril de 2002 el presidente Hugo Chávez tuvo que enfrentarse a un golpe de estado militar que acabó fracasando, en gran parte por las disensiones existentes en el interior del propio grupo golpista, y en el que se llegó a especular sobre una hipotética intervención de los EE.UU. que nunca llegó a ser demostrada. A pesar de ello, la postura de los EE.UU. hacia el conflicto fue clara desde un principio, ya que inmediatamente después de que Pedro Carmona arrebatara el poder a Chávez, la Casa Blanca manifestó su apoyo al empresario, frente a la cautela que mostraron otros países. Es más, tras la vuelta de Chávez a la presidencia de Venezuela, el portavoz de la Casa Blanca declaró que la administración venezolana tendría a partir de entonces una "oportunidad de responder al mensaje lanzado por sus oponentes" pidiendo "democracia y reformas",  destacando la necesidad de que Chávez "gobierne de una manera democrática". 

Desde que los venezolanos se lanzaron a la calle en apoyo del golpe de estado del 11 de abril, las protestas y convocatorias de manifestaciones no han cesado. Aquel día aciago se saldó con un buen número de víctimas civiles en las calles de Caracas, de las que el gobierno se ha desentendido completamente alegando una rotunda no-implicación en el asunto, aunque son pocos los que confían ya en la sinceridad de su presidente. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington, recibió el 22 de octubre la segunda denuncía presentada contra el Gobierno venezolano, por las violaciones de los derechos a la vida y a la libertad de expresión ocurridas entre el 11 y 14 de abril de 2002. La acusación fue introducida  por la Coordinadora Internacional Venezolana, organización no gubernamental de venezolanos que residen en la ciudad de Washington.
 
Según el proceso establecido, el siguiente paso debe ser la notificación al Estado venezolano para que éste presente explicaciones sobre los hechos denunciados; una vez que el Estado responda de las denuncias, la Comisión puede invitar a las partes a una audiencia oral para completar su criterio en la materia. Después de la respuesta estatal, la comisión emite un informe de admisibilidad y es entonces cuando decide oficialmente si admite o rechaza el caso. En todo caso, los representantes de la coordinadora se muestran convencidos de que la probabilidad de que esa audiencia oral se produzca es muy alta, lo que supondría que el Gobierno deba explicar porqué a seis meses de los hechos todavía no se ha esclarecido el asunto.
 
Las perspectivas no son muy alentadoras, en un país que parece caminar sin un rumbo fijo, en el que los índices de inseguridad ciudadana son elevadísimos y con un presidente imprevisible, con un golpe de Estado a sus espaldas sin resolver desde hace meses y tan osado que ha desafiado a EE.UU. al firmar en fecha reciente un acuerdo con Fidel Castro por el que se autoriza la venta de petróleo a Cuba.
 
Lo anterior contrasta con los datos económicos. El paro afecta al 16 % de la población (según cifras del gobierno), la deuda pública representa el 9.5% del Producto Interior Bruto y la deuda externa alcanza los 7.7 millones de euros y ello, a pesar de ser uno de los principales países productores de petróleo. Conviene recordar, además, que Venezuela ha jugado un papel decisivo en la puesta en marcha de la renovada disciplina productiva de la OPEP.
 
A pesar lo anterior Chávez se ha ganado un buen número de seguidores, fundamentalmente entre los grupos radicales y antiglobalización, gracias a su discurso de índole popular que le ha llevado a hacer declaraciones tan sorprendentes como que si alguna empresa fuese cerrada en protesta contra su gobierno sería constitucionalmente lícito que sus obreros se apropiasen de ella. Incluso, en los últimos días ha sugerido la posibilidad de implantar una medida similar a la del “corralito” argentino, con el fin de que las entidades del Estado se apropiasen de los depósitos de los bancos. La alarma no ha tardado en cundir entre empresarios y banqueros, que son constantemente acusados de conspirar contra el Estado. A ellos se unen los medios de comunicación, el estamento judicial e incluso algunos militares, ya que la política “chavista” ha derivado en una división de las Fuerzas Armadas. Algo impensable hace tan sólo unos años. En relación con esta cuestión encontramos el último episodio de oposición al Presidente.
 
El pasado 22 de octubre, catorce oficiales se declararon en desobediencia y al gobierno de Chávez concentrándose en la Plaza Francia de Altamira. Ese mismo día, el grupo de militares de alto rango ofreció una rueda de prensa en la que expresó su decisión de no obedecer a un régimen que “ha cometido crímenes de lesa humanidad, y desencadenado la más brutal corrupción ”. Declararon que la razón que los había llevado a movilizarse era que el pueblo venezolano tenía el derecho legítimo al ejercicio efectivo de una democracia en donde verdaderamente se respetasen los derechos humanos y las libertades fundamentales con transparencia, como condición necesaria para el pleno y efectivo ejercicio de los derechos consagrados en la Constitución Al mismo tiempo invitaban al resto de las Fuerzas Armadas a desconocer la autoridad del Presidente, invocando el artículo 350 de la Constitución (que insta a los venezolanos a "desconocer cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticas, o bien, menoscabe los derechos humanos"). La convocatoria surtió efecto y el día 25 eran ya más de ciento treinta los oficiales venezolanos que habían acudido a la plaza Francia de Altamira a repudiar al Gobierno de Chávez y pedir elecciones inmediatas. Mientras tanto, las concentraciones "anti Chávez" se repetían en las principales ciudades del país, con enfrentamientos constantes entre simpatizantes y opositores.  

Una vez más, la oposición retaba a Chávez a convocar elecciones anticipadas. Con el éxito en sus manos, después de la realización de un paro nacional que se cumplió durante 12 horas de forma pacífica, la Coordinadora Democrática lanzó nuevamente el reto al presidente para que acepte una consulta popular, señalando que tres paros nacionales y cuatro marchas multitudinarias en menos de un año eran una respuesta inequívoca al primer mandatario. Además, en una carta enviada a la OEA en Washington, los militares resaltaron el hecho de que habían actuado en forma pacífica, rechazando categóricamente en el propio pronunciamiento tanto el eventual uso de la fuerza militar como las fórmulas de golpe de Estado o ruptura del orden constitucional, invocando en todo momento mecanismos propios de democracias consolidadas. Sin embargo, la respuesta de Chávez a esta movilización fue la de acusar a la protesta de ''pantalla'' detrás de la cuál ''se está cocinando un nuevo golpe de Estado'', una hipotética insurrección militar que, según palabras del Presidente, en caso de producirse, recibiría también una respuesta armada, ya que, al igual que hizo el 11 de abril, él “no estaba dispuesto a renunciar a su cargo”.
 
La polémica está por lo tanto servida y, a la vista de los hechos, la única conclusión que se puede extraer es que el futuro de Venezuela es una incógnita más difícil de despejar que nunca, con una profunda e inquietante división de la sociedad venezolana de resultados aun inciertos.

26 de octubre de 2002