"EL PROCESO DE ADHESIÓN DE
ESPAÑA A LAS COMUNIDADES EUROPEAS: HITOS FUNDAMENTALES
Y PRINCIPALES CONSECUENCIAS"
Borja Cortés-Bretón Brinkmann
Diplomático
Investigador Asociado del INCIPE
“Europa deberá contar con España y
los españoles somos europeos. Que ambas partes
así lo entiendan y que todos extraigamos las consecuencias
que se derivan. Es una necesidad del momento”. Con
estas palabras subrayaba, el 22 de noviembre de 1975,
el Príncipe D. Juan Carlos, con ocasión
de su proclamación como Rey de España ante
el Pleno de las Cortes y ante el Consejo del Reino, lo
que será, sin duda, uno de los principales objetivos
de la política exterior de España al inicio
de la transición política, a saber, la adhesión
de España a las por aquel entonces denominadas
“Comunidades Europeas”.
La pertenencia a “Europa” era interpretada
en España como un símbolo inequívoco
de compromiso y defensa de los mismos valores y principios
democráticos inherentes al proceso de construcción
europea. Se entiende así, que el proceso de acercamiento
ya se iniciara incluso bajo el régimen del General
Franco a principios de los años ’60 como
una forma de legitimar el sistema político desde
el exterior. No obstante, la solicitud de adhesión
de España a las Comunidades Europeas presentada
por el Ministro de Asuntos Exteriores, Fernando María
Castiella, el 9 de febrero de 1962, fue duramente rechazada
por el llamado “Informe Birkelbach”, diputado
socialista en el Parlamento Europeo. España no
cumplía con los mínimos requisitos de un
Estado democrático de Derecho, a pesar de la diferente
consideración internacional que tenía la
España de los años ’60 si la comparamos
con la España de los años ’40.
A pesar de que la carta con la solicitud de adhesión
de España a las Comunidades Europeas no había
logrado la aceptación del resto de los socios europeos,
la política exterior española se inclinó,
desde entonces, a obtener un acuerdo arancelario y comercial.
Se lograría, de esta forma, el 29 de junio de 1970,
un “Acuerdo Preferencial Comercial Hispano-Comunitario”
que regiría nuestras relaciones comerciales hasta
prácticamente 1986. Se proclamaba la voluntad recíproca
de las partes de proceder a la supresión progresiva
de los obstáculos a lo esencial de los intercambios
en dos etapas: una primera, de al menos seis años
de duración, y una segunda, que daría comienzo,
por común acuerdo entre las partes, cuando se reuniesen
las condiciones necesarias. En definitiva, España
trataba de acercarse a su objetivo de pertenecer al “corazón
de Europa”, estableciendo un “Acuerdo Comercial
Preferencial”. Las Comunidades Europeas tomaron,
sin embargo, la precaución de que sólo se
llegase al final del proceso cuando las circunstancias
políticas así lo permitieran que, en la
práctica, no sería hasta la muerte del General
Franco en noviembre de 1975.
A lo largo de estas breves líneas, y teniendo
como telón de fondo el posible comienzo de las
negociaciones de adhesión de Turquía a la
Unión Europea el próximo 3 de octubre, se
hará hincapié en tres aspectos fundamentales
que denotan, en buena medida, el difícil proceso
que tuvo que emprender España allá por los
años ’70 para integrarse plenamente en la
Unión Europea. En primer lugar se incidirá
en el propio proceso negociador. ¿Por qué
fue tan complejo el acercamiento político de España
a las Comunidades Europeas y cuáles fueron los
principales aspectos conflictivos? En segundo lugar se
abundará en uno de los principales ámbitos
en los que tuvo que esforzarse España, a saber,
la reestructuración del tejido económico
e industrial. Desde esta perspectiva será también
muy interesante reflejar en qué medida ha ido cambiando
la economía y la sociedad españolas fruto,
precisamente, de estas reformas económicas emprendidas.
Y, finalmente, se abordará la imagen de España
en el seno de la Unión Europea. A pesar de que
inicialmente nuestra imagen fuera más bien negativa
– nadie se acostumbraba a la realidad de negociar
con un país como España al que un diario
de Rótterdam calificaba de “extraño
pájaro que llamaba a las puertas de la Comunidad”
– la diplomacia española lograría
cambiar esta visión inicial a través de
aportaciones prácticas sin duda de gran calado
para la evolución de la futura Unión Europea.
1. El proceso de adhesión de España a las
Comunidades Europeas: Principales dificultades
El objetivo prioritario de los Gobiernos de la transición
era la superación de la herencia exterior que había
legado el régimen del General Franco. Si bien es
cierto que la situación de la política exterior
había cambiado con respecto a la segunda posguerra
mundial – España había ingresado en
las Naciones Unidas en 1955, integrándose y asumiendo
las líneas directrices que marcaban organismos
internacionales de la importancia de la OCDE, el FMI,
el Banco Mundial o las propias Rondas Negociadoras del
GATT – la naturaleza autoritaria del régimen
seguía mermando las posibilidades de España
en la sociedad internacional, perpetuando su aislamiento.
A esta situación inicial habría que sumarle
las dificultades añadidas que se dejaban atisbar
cuando se acercaba el ocaso del régimen del General
Franco. El “Proceso de Burgos”; el caso “Puig
Antich”; el caso del “Obispo Añoveros”
o los fusilamientos de septiembre de 1975, tendrían
una enorme resonancia y repercusión en Europa.
España, que se acercaba al “corazón
de Europa” a partir de su vertiente económico-comercial,
tratando de comulgar con sus principios y valores, se
vería distanciada nuevamente como consecuencia
de estos hechos. Se llegaría incluso a la ruptura
de las negociaciones emprendidas para reequilibrar el
“Acuerdo Comercial Preferencial” de 1970.
Los primeros pasos hacia una progresiva “normalización”
de las relaciones exteriores no se traducirían
en un acercamiento de España a las Comunidades
Europeas. Existen toda una serie de hitos, anteriores
al comienzo de las negociaciones con las Comunidades Europeas
hacia septiembre de 1979, que reflejan la progresiva normalización
del régimen político español de la
transición. La firma de un nuevo Tratado de Amistad
y Cooperación en enero de 1976 con la Administración
norteamericana, permitiría iniciar un lento proceso
de normalización de las relaciones con los Estados
Unidos. El aggiornamento de las relaciones Iglesia-Estado
fruto del acuerdo firmado por parte de España y
el Vaticano en Roma, en julio de 1976, prepararía
el terreno, a su vez, al posterior Concordato de enero
de 1979, que haría posible una relación
Iglesia-Estado plenamente compatible con los valores de
la Constitución democrática recientemente
aprobada. La ratificación de diferentes instrumentos
internacionales de vital importancia, demostraba el incipiente
compromiso de España con los valores democráticos
(piénsese en la ratificación de los Pactos
Internacionales sobre Derechos Civiles y Políticos
y sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales
en abril de 1977; o la firma, en noviembre de 1977, de
la Convención Europea de los Derechos Humanos).
Finalmente, otro de los ejemplos que ilustran esta progresiva
normalización política externa del sistema
político español, sería la universalización
de las relaciones diplomáticas que iría
tejiendo España con aquellos países que
se habían negado a reconocer a la España
de Franco debido, fundamentalmente, a la naturaleza política
autoritaria del régimen. Así, se irían
normalizando las relaciones con países como México,
Rumanía, Bulgaria, Polonia, Checoslovaquia, Vietnam,
Angola, Mozambique etc. no estableciéndose relaciones
diplomáticas plenas con el Estado de Israel hasta
1986, dentro del contexto, precisamente, de la adhesión
de España a las Comunidades Europeas.
Ahora bien, centrándonos en el proceso de adhesión
a las Comunidades Europeas, España depositaría
el 28 de julio de 1977 su solicitud de adhesión,
a través de su Ministro de Asuntos Exteriores,
Marcelino Oreja. Esta segunda solicitud de ingreso se
enmarcaba en un contexto histórico distinto del
que se había vivido en 1962. España había
aprobado la Ley para la Reforma Política que rompía
desde un punto de vista material de los valores y principios
con el antiguo régimen. En abril de 1977 se legalizaba
el Partido Comunista. Todo ello, junto con la convocatoria
de elecciones generales democráticas - que se celebraron,
finalmente, el 15 de junio de 1977 - tuvieron como consecuencia
que el Parlamento Europeo, expresión y representación
de la conciencia democrática de las Comunidades
Europeas, reconociera formalmente que el Gobierno de Suárez
estaba cumpliendo con sus promesas democratizadoras, levantándose
el veto político que había supuesto el mencionado
“Informe Birkelbach” en 1962. No obstante,
las negociaciones efectivas con Bruselas no comenzarían
hasta septiembre de 1979 – después de que
se pronunciara el Consejo, el 19 de diciembre de 1978,
a favor de la solicitud de adhesión de España
a la vista del Dictamen de la Comisión, disponiendo
que las negociaciones de adhesión se iniciaran
formalmente en febrero de 1979 – lo que da muestra,
en buena medida, de las reticencias y grandes reformas
que tuvo que encauzar España para acercarse a “Europa”.
La solicitud española de adhesión fue recibida
con una mezcla de alegría y aprensión por
parte de los Estados Miembros. Al igual que las de Grecia
y Portugal, la solicitud española reflejaba el
avance de la democracia en Europa y suponía un
reconocimiento del prestigio de las Comunidades Europeas
en la sociedad internacional. Sin embargo, y a diferencia
de las otras dos solicitudes, el caso español planteaba
serios interrogantes debido al tamaño y naturaleza
de su economía. Desde Bruselas, así como
desde algunas capitales europeas, en especial desde París,
se veía con preocupación el sobredimensionado
sector agrícola; el tamaño de la flota pesquera
y la necesidad de su reestructuración para hacer
frente a la creciente competitividad de las flotas asiáticas;
la cuestión de la movilidad de la mano de obra;
o la relativa pobreza de alguna de sus regiones.
Sin embargo, lo que realmente dificultó el ritmo
de las negociaciones en el caso español fue, además,
la situación sui generis que estaba atravesando
Europa. Las dos crisis petrolíferas de los años
’70 y la falta de reformas internas de las instituciones
comunitarias, habían conducido hacia una cierta
parálisis interna – se hablaba de la “euroesclerosis”
– del proceso de construcción europea. Se
entiende así, que las ambiciones y reivindicaciones
justas esgrimidas por parte de la diplomacia española
se enfrentaran a un contexto histórico desfavorable,
además de a unas actitudes más reticentes
por parte de determinados Estados Miembros.
Dos frases, pronunciadas hacia el mes de febrero de 1979,
son un buen botón de muestra del difícil
proceso negociador que se disponía a iniciar España.
Por un lado, las declaraciones del Presidente de la Comisión,
Roy Jenkins, a unos periodistas a la salida de la sesión
inaugural de las negociaciones: “La empresa que
hoy acomete España es comparable a las gestas que
ese gran país realizó hace quinientos años”.
Una frase evidentemente exagerada y romántica,
pero que deja traslucir la visión que se tenía
de España en las instituciones comunitarias y lo
mucho que quedaba por hacer para lograr la ansiada incorporación
a las Comunidades Europeas. Por otro lado, la segunda
imagen que refleja muy bien dónde se encontraban
los principales obstáculos a la hora de comenzar
las negociaciones de adhesión, son las afirmaciones
al periódico Le Figaro de Jean François
Poncet, Presidente del Consejo y Ministro de Negocios
Extranjeros de Francia, al finalizar la misma sesión
inaugural: “La ampliación, especialmente
con la entrada de España, presenta riesgos, particularmente
en el terreno de los productos agrícolas mediterráneos
y vinos [...]”.
Por cuanto se refiere al proceso negociador propiamente
dicho, el mismo duraría algo más de seis
años. Siendo el objetivo de las negociaciones la
integración de España en las Comunidades
Europeas, las negociaciones vendrían marcadas por
un elemento fijo y otro variable, sujeto a las oscilaciones
consecuencia de las discusiones entre los Estados Miembros.
El elemento fijo se traducía en la obligación
impuesta a todos los candidatos de aceptar íntegramente
el llamado “acervo comunitario”, es decir,
la normativa completa de las Comunidades Europeas. El
elemento variable de la negociación se traducía
en los períodos transitorios que se marcaron para
que los Estados-candidatos fueran integrando y asumiendo
progresivamente la legislación comunitaria en los
respectivos ordenamientos jurídicos nacionales.
En la actualidad son los llamados “criterios de
Copenhague”, establecidos con ocasión del
Consejo Europeo de 1993, los que establecen los parámetros
a la hora de dilucidar si un Estado-candidato puede o
no adherirse a la Unión Europea.
El proceso negociador experimentaría un impulso
decisivo bajo la Presidencia Europea alemana, concretamente
durante el Consejo Europeo de Stuttgart, en junio de 1983.
La postura española con respecto a la defensa occidental
– la entrada de España en la OTAN en mayo
de 1982, bajo la Presidencia de Leopoldo Calvo Sotelo
– tranquilizaría al canciller alemán
Helmut Kohl. El firme apoyo del canciller se traduciría
en la extensión de los plazos transitorios necesarios
para que la adhesión no repercutiera negativamente
en la estabilidad de nuestro sistema económico,
y para que, paralelamente, las Comunidades Europeas se
adaptaran al impacto que traería consigo la ampliación.
Por otro lado, se resolverían otras cuestiones
como vincular el crecimiento de los recursos propios a
la culminación de las reformas internas de las
Comunidades Europeas. Todo ello hallaría su debida
plasmación en el “Acta Única Europea”.
Las negociaciones llegarían finalmente a buen
término en la conferencia negociadora del 28 y
29 de marzo de 1985. El 12 de junio de 1985 se firmaría,
en Madrid, el Tratado de Adhesión de España
a las Comunidades Europeas, que entraría en vigor
el 1 de enero de 1986. España, que había
comenzado la segunda posguerra mundial completamente aislada,
lograba adherirse al proyecto comunitario, un objetivo
éste, que prácticamente siempre estuvo en
la agenda de la política exterior española.
2. Principales reformas económicas: consecuencias
de la adhesión española a las Comunidades
Europeas
A pesar del éxito diplomático que había
supuesto la firma del “Acuerdo Comercial Preferencial”
con las Comunidades Europeas, en junio de 1970 –
el Acuerdo era asimétrico a favor de España
– y del fuerte crecimiento económico que
disfrutaba España con una media de casi un 8 %
hasta la primera crisis petrolífera de 1973, este
crecimiento económico no lograba traducirse en
un desarrollo global del país, manteniéndose,
además, las debilidades estructurales que impedían
el progreso de España de cara al futuro.
Tal y como destacaron Fuentes Quintana y Jaime Requeijo,
el tejido económico e industrial de España
adolecía de cuatro debilidades principales a comienzos
de los años ’70. En primer lugar, hay que
subrayar la debilidad del sector agrícola. Los
diferentes ritmos de expansión del sector agrícola
y del industrial, producían rigideces importantes
en el conjunto de la economía. El desplazamiento
creciente de mano de obra hacia el sector industrial y
de servicios, elevaba los salarios en la agricultura,
acabando por imponer un sistema similar al existente en
las Comunidades Europeas. Todo ello traía consigo
un excedente de productos agrícolas menos demandados
y un déficit de aquéllos más demandados.
En segundo y tercer lugar, habría que subrayar
las dificultades que ocasionaba para el normal funcionamiento
de la economía española la dependencia energética
por un lado, y, estrechamente relacionado con este aspecto,
nuestro débil desarrollo industrial. España
dependía excesivamente de la energía primaria
importada del exterior. Así, si en 1961 la demanda
petrolífera se situaba en torno al 28’8 %,
en 1974 oscilaba en torno a un 67’8 %. Todo ello
suponía un incremento de la demanda de casi un
170 %. Por otro lado, el desarrollo industrial se caracterizaba
por estar basado en una endeble estructura financiera
de las empresas – que eran dependientes de los créditos
bancarios y sometidos a los vaivenes de los mercados financieros
– con un elevado consumo energético y una
gran dependencia tecnológica. Finalmente, la cuarta
debilidad que marcaba negativamente las capacidades económicas
de España de cara al futuro era el comportamiento
de nuestro sector exterior. Todo ello se traducía
en un persistente déficit comercial de nuestra
Balanza de Pagos.
Encauzada incipientemente la transición política
después de la celebración de las primeras
elecciones democráticas a mediados de 1977, el
Gobierno se dispondría a hacer frente a los principales
males de la economía. Una de las primeras medidas
que se tomaron sería la devaluación de la
peseta con vistas a mejorar los resultados de la Balanza
Comercial. Sin embargo, pronto se pondría de manifiesto
que las reformas requerían de un amplio consenso
nacional de todos los actores políticos y agentes
sociales del momento. Se llegaría, de esta forma,
a los llamados “Pactos de la Moncloa”, de
octubre de 1977, donde se apelaba a la conciencia y responsabilidad
de los distintos grupos políticos y sociales, para
que asumieran la parte de sacrificio que les correspondía
desde su respectivo ámbito competencial.
Los “Pactos de la Moncloa” preveían
la aplicación de dos modalidades de medidas. Por
un lado, estarían las medidas de saneamiento con
la lucha contra la espiral inflacionista – a través
de una política monetaria que controlara las disponibilidades
líquidas y la reducción del gasto público
– y la búsqueda del equilibrio de la Balanza
de Pagos, entre otro, a través de la fijación
de un tipo de cambio realista de la peseta. Por otro lado,
hay que hacer alusión a las importantes reformas
que se trataban de introducir en distintos ámbito
tales como la reforma del sistema tributario, acercando
el sistema fiscal anticuado al europeo, dándose
preferencia a tres impuestos principales, a saber, el
impuesto general de la renta de las personas físicas,
el impuesto de sociedades y el impuesto sobre el valor
añadido; la reforma del sistema financiero; la
reforma del marco presupuestario que permitiera controlar
mejor el gasto público; un nuevo marco de actuación
de la empresa pública, con un sistema que controlara
la eficiencia de su actuación y presupuestara sus
resultados; o la definición de un nuevo marco de
las relaciones laborales, mediante la elaboración
de un Estatuto de los Trabajadores.
Los resultados de estas medidas fueron espectaculares.
Se lograría poner límite a la espiral inflacionista
exacerbada por las crisis petrolíferas de los años
’70, equilibrándose, paralelamente, la Balanza
de Pagos. Por otro lado, España conseguiría
una “dinamización” relativa de su aparato
productivo a partir de las reformas fiscales, financieras
y laborales anteriormente mencionadas. Sin embargo, el
éxito de las medidas, haría desaparecer
hacia finales de los años ’70 el consenso
entre las fuerzas políticas y agentes sociales
que había inspirado los “Pactos de la Moncloa”.
Esto, junto al progresivo resquebrajamiento de la cohesión
del partido en el Gobierno y la segunda crisis petrolífera,
pondrían nuevamente de manifiesto las dificultades
estructurales que arrastraba la economía española
desde antes de la transición.
La llegada al poder del Partido Socialista Obrero Español
(PSOE), en noviembre de 1982, contando con el respaldo
parlamentario de una mayoría absoluta, permitiría
abordar una política caracterizada por un fuerte
ajuste económico que perseguiría un doble
objetivo, a saber, la consecución de un crecimiento
económico sostenido, y la modernización
de la economía española, preparándola
para su integración en las Comunidades Europeas.
Se encauzarían, de esta forma, duras medidas de
reconversión industrial que habían quedado
pendientes todavía de la etapa de los “Pactos
de la Moncloa”. A estas medidas le acompañarían
otras en ámbitos tales como la agricultura y la
pesca; la flexibilización del mercado laboral;
la racionalización de la Seguridad Social etc.
A pesar de las dificultades y del descontento social
que han suscitado, en ocasiones, las medidas propugnadas
por los correspondientes Gobiernos, el resultado es patente.
Las reformas introducidas por los Gobiernos del PSOE y
del Partido Popular (PP), asumiendo, en gran medida, los
dictados de Bruselas, han transformado radicalmente la
realidad económica y social de España. Así,
si el desarrollo económico de España no
llegaba prácticamente a un 68 % de la renta comunitaria
el año de su adhesión, en 1986, en la actualidad,
España sobrepasa el 87 %. Esta progresiva equiparación
del crecimiento económico y del bienestar social
de España con respecto a los restantes socios europeos,
no ha sido meramente nominal, sino que tiene sus reflejos
en la práctica. El avance en la igualdad entre
el hombre y la mujer; las mayores oportunidades de los
jóvenes; los esfuerzos que se están realizando
en el ámbito del medio ambiente o la progresiva
cohesión entre las distintas regiones que componen
nuestro Estado, son algunas de las perspectivas que ilustran
los grandes cambios que se han ido produciendo en la vida
diaria de los españoles fruto de nuestra pertenencia
al “proyecto europeo”.
Se pueden destacar cuatro perspectivas que subrayan el
impacto que ha ocasionado la integración comunitaria
en nuestra evolución económica y social.
En primer lugar, cabe hacer hincapié en la espectacular
apertura económica de nuestra economía.
España tiene, en la actualidad, una de las economías
más abiertas – llegando al 70 % del PIB –
habiéndose convertido en el sexto inversor mundial.
Además, la Unión Europea se ha convertido
en nuestro principal socio comercial; en torno al 60 ó
70 % de nuestras exportaciones / importaciones van dirigidas
a la Unión Europea.
En segundo lugar, no cabe duda de que el sector agrícola
se ha visto afectado por nuestra pertenencia a la Unión
Europea. Sin embargo, a pesar de los duros ajustes que
han supuesto las reformas en este ámbito, no hay
que subestimar la especialización productiva que
se ha ido produciendo, así como el aumento de la
renta per cápita de los empleados en el sector
agrícola, fruto de instrumentos comunitarios tales
como el Fondo Europeo de Garantía Agraria (FEOGA-Garantía).
En la actualidad, el sector agrícola proporciona
en torno al 3’5 % de nuestro PIB y emplea a un 7’5
% de nuestra población activa.
Nuestras industrias y el sector de las finanzas se han
visto igualmente afectadas por nuestra adhesión.
Las sucesivas privatizaciones de diversas empresas estatales;
las fusiones y absorciones; junto con un mayor desarrollo
de las tecnologías de la información, han
permitido a las empresas españolas y europeas ser
más competitivas y compartir los beneficios de
una economía crecientemente globalizada.
Finalmente, hay que hacer alusión a uno de los
principales sectores que reflejan los grandes cambios
acaecidos en nuestra economía. El sector terciario
se ha visto afectado primordialmente por las políticas
comunitarias de desregularización y liberalización.
Todo ello se ha traducido en mayores posibilidades de
elección para el consumidor y tarifas más
reducidas, por ejemplo, en el ámbito energético
y de las telecomunicaciones. El sector de los servicios
se ha ido convirtiendo en uno de los principales motores
de las economías desarrolladas, suponiendo en España
en torno a un 65 % de nuestro PIB y un 60 % de nuestro
empleo.
3. La imagen de España en la UE: principales aportaciones
de España al proceso de construcción europea
Los iniciales esfuerzos de España por acercarse
políticamente a las Comunidades Europeas eran contemplados,
retomando la frase aparecida en un diario de Rótterdam,
como la aproximación a Europa de un “extraño
pájaro que llamaba a las puertas de la Comunidad”.
España no sólo tenía que demostrar
que estaba capacitada y quería respetar los principios
y valores esenciales de las democracias occidentales –
algunos episodios, como el fallido golpe de Estado del
23 de febrero, hacían dudar de la voluntad de los
dirigentes españoles – sino que tuvo que
realizar grandes esfuerzos para reformar globalmente su
economía y su sociedad. Todo ello repercutiría,
que duda cabe, en la postura adoptada por parte de España
inicialmente en el seno de la Unión Europea.
No obstante, cuando estamos a punto de celebrar el veinte
aniversario de la firma del Tratado de Adhesión
de España a las Comunidades Europeas, la imagen
que proyecta España en el seno de la Unión
Europea es radicalmente diferente. España se ha
convertido en un socio leal y ha pasado de ostentar una
postura pasiva en el proceso de construcción europea
a liderar abiertamente iniciativas que van a marcar en
buena medida el futuro del “proyecto europeo”.
España es plenamente consciente de que defendiendo
los intereses de “Europa” en el escenario
internacional está contribuyendo, al mismo tiempo,
a satisfacer los propios intereses españoles.
Una de las principales aportaciones de España
ha sido, en este sentido, la implantación y la
progresiva consolidación de la “Europa de
los Ciudadanos”. El concepto de una “Ciudadanía
Europea” tiene un significado trascendental para
el funcionamiento presente y futuro de la Unión
en tanto que no cabe olvidar que de no conseguirse una
plena participación e implicación de los
ciudadanos europeos en el “proyecto europeo”,
el “euroescepticismo” y el “déficit
democrático” irán ganando terreno.
La “Ciudadanía Europea” quedaría
finalmente consagrada en el Tratado de Maastricht teniendo
una vertiente de aplicación práctica directa.
La “Ciudadanía Europea” se enmarca,
sin embargo, dentro de un contexto más amplio que
ha contribuido a consagrar activamente la diplomacia española,
a saber, la plasmación de un verdadero espacio
de “Libertad, Seguridad y Justicia”. Realidades
tales como la progresiva elaboración de una política
comunitaria en materia de asilo e inmigración;
la cooperación en materia civil y penal; la lucha
conjunta contra la delincuencia o la esencial cooperación
contra el fenómeno del terrorismo, se dejan subsumir
bajo la progresiva gestación en el seno de la Unión
Europea de un espacio de “Libertad, Seguridad y
Justicia”. La diplomacia española ha sido
una de las más activas defensoras de los parámetros
establecidos, en octubre de 1999, en el Consejo Europeo
de Tampere (Finlandia), abogando, en la actualidad, por
el pleno desarrollo de las directrices que se enmarcan
en el llamado “Programa de la Haya”.
La dimensión de la “Ciudadanía Europea”
y la creación de un auténtico espacio de
“Libertad, Seguridad y Justicia” no pueden
ir desprovistas de una dimensión social y de bienestar
que debe caracterizar el proceso de construcción
europea. España ha abogado así, junto a
la creación de una “Europa Económica
y Monetaria”, cuya máximo símbolo
es el Euro, por una Europa que crezca sostenidamente respetando,
además, plenamente la vertiente social y medioambiental.
La llamada “Estrategia de Lisboa”, lanzada
en el Consejo Europeo de marzo de 2000, ha sido una de
las principales aportaciones de la diplomacia española
en el ámbito económico-social. Cuando se
acaban de cumplir cinco años desde su lanzamiento,
España, junto al resto de los socios europeos,
trata de revigorizar esta “Estrategia” con
vistas a convertir a la Unión, en el 2010, en una
de las regiones más prósperas y competitivas
del mundo, con mayor bienestar y un pleno respeto del
medio ambiente.
Sin embargo, España, no sólo ha sabido
liderar iniciativas en el seno de la Unión Europea,
sino que ha logrado implicar a la Unión más
allá de sus fronteras exteriores en aquellos ámbitos
históricamente de interés para nuestro país.
La institucionalización de un diálogo político,
económico y socio-cultural de Europa con la cuenca
del Mediterráneo y con Iberoamérica, son
un ejemplo evidente en este sentido. El llamado “Proceso
de Barcelona”, lanzado en noviembre de 1995 bajo
Presidencia española, ha sido uno de los hitos
principales de nuestra contribución a las relaciones
exteriores de la Unión. Está en el interés
no sólo de España, sino del “proyecto
europeo” en su conjunto, el desarrollar y estabilizar
políticamente regiones tan importantes como el
norte de África y Oriente Próximo. De allí
la trascendencia que va a tener el relanzamiento del “Proceso
de Barcelona” en el segundo semestre del presente
año, con ocasión del décimo aniversario
de su lanzamiento.
Por otro lado, están nuestras relaciones especiales
con Iberoamérica. España no se ha limitado
a servir de “puente” entre “Europa”
y “América”, sino que ha contribuido
activamente al establecimiento de una política
de cooperación al desarrollo europea y a la creación
de Tratados de Libre Comercio con México y Chile.
La creación de una Zona de Libre Comercio Unión
Europea-MERCOSUR, así como el inicio de las negociaciones,
con este mismo objetivo, con la Comunidad Andina y Centroamérica,
son algunas de las asignaturas pendientes que están
en la agenda de la política exterior de la Unión
Europea.
4. Conclusiones
La España que se disponía a llamar a la
puerta de las Comunidades Europeas allá hacia mediados
de 1977 es bien distinta a la España democrática
y moderna de la actualidad. España ha realizado
un viraje desde el triple punto de vista político,
económico y social. Ha pasado de ostentar una postura
pasiva en el proceso de construcción europea a
contribuir activamente a través de sus iniciativas
en la evolución de la Unión. Uno de los
últimos hitos ha sido, que duda cabe, el haber
sido el primer Estado Miembro en pronunciarse a través
de la convocatoria de un referéndum a favor del
Tratado Constitucional Europeo, a favor de la “Europa
del mañana”.
Pero, ¿en qué medida se pueden sacar conclusiones
del acercamiento político y económico que
ha realizado España a “Europa” con
vistas al proceso negociador que se dispone iniciar Turquía
probablemente a partir del próximo 3 de octubre?
No cabe duda de que nos hallamos ante dos países
distintos. Las Comunidades Europeas de los años
’70 no se pueden comparar, además, con la
Unión Europea de la actualidad. Incluso la sociedad
internacional de los años ’70 y ’80
es radicalmente diferente a la sociedad de la que todos
somos testigos hoy en día.
No obstante, también Turquía es contemplada
hoy, en cierta manera, como un“extraño pájaro
que [llama] a las puertas de la Comunidad”. Sin
embargo, de cumplir estrictamente con los “criterios
de Copenhague” y de asumir plenamente el acervo
comunitario, Turquía tiene la capacidad de hacer
grandes aportaciones para el futuro desarrollo de la Unión
Europea. Los importantes recursos energéticos que
atesora o las especiales relaciones que cultiva con el
continente asiático son sólo algunas de
las realidades que podría aportar al “proyecto
europeo”.
